Tribunales de San Lorenzo

Contaminación en Petroquímica: Serjal y otra imputación por archivar la causa

En la causa por daño ambiental también imputaron al fiscal del Estado adjunto Gustavo Luzzini. "Los niveles de contaminación que hay en Petroquímica son fabulosos", aseguró el fiscal Schiappa Pietra. ¿Cómo sigue la situación procesal de los dueños de la empresa?


Así trasladaron al ex fiscal Patricio Serjal desde Tribunales de San Lorenzo a la cárcel de Piñero. Fotos: Pablo Soria.

Patricio Serjal sumó una nueva imputación en su contra. A la causa que se le sigue al ex fiscal Regional de Rosario por formar parte de una red de juego clandestino en la provincia de Santa Fe -por la que permanece detenido en la cárcel de Piñero-, le atribuyeron este lunes los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y omisión de prosecución en la causa que investiga el daño ambiental provocado por la ex Petroquímica de Capitán Bermúdez.

En la audiencia celebrada en Tribunales de San Lorenzo también imputaron Gustavo Luzzini, fiscal de Estado adjunto. «Entendemos que hicieron una maniobra tendiente a incumplir sus deberes y las normas relativas a sus funciones, con el objetivo de beneficiar a los dueños de Petroquímica y encubrir una enorme contaminación del medio ambiente», sentenció el fiscal Matías Edery.

El mediático Cúneo Libarona, abogado defensor de los dueños de Petroquímica.

El juez Carlos Gazza validó la imputación de Serjal y Luzzini, en tanto que los abogados defensores de los propietarios de la empresa Petroquímica, encabezados por el mediático Mariano Cúneo Libarona y Jorge Ilharrescondo, hicieron un trámite previo para discutir la validez de la resolución judicial.


«Leímos la acusación y quisimos imputarlos por contaminación ambiental dolosa, en base a un montón de perjuicios que causaron para el medio ambiente como directores y administradores de la planta. Cuando pasamos a la parte de las réplicas, las defensas se opusieron. Argumentaron que hay una resolución del juez (Juan José) Tutau que extinguía la acción penal y nosotros consideramos que era inválido. Y para tratar esa invalidez, el juez Gazza impuso este trámite por el cuál habrá una nueva audiencia el viernes 5 de marzo», planteó Edery sobre la situación procesal de los directivos de Petroquímica: Sergio y Máximo Taselli y Matías Gallego.

Los fiscales Schiappa Pietra y Edery.

«Lo que advertimos es que no existe ninguna razón para extinguir la acción penal -advirtió el fiscal Luis Shiappa Pietra-, cuando estaba sumamente acreditado el nivel de contaminación que existe en el predio. A fines de 2016 había habido un proceso de intoxicación de gente de Celulosa atribuidos a escapes de gas producidos desde Petroquímica».

Schiappa Pietra recordó que el entonces gobernador de la provincia emitió un decreto, «ordenándole a la Fiscalía de Estado que investigue y avance» en la causa por la contaminación en Petroquímica de Capitán Bermúdez. «Pero un año después el fiscal Regional (Patricio Serjal) le dio una instrucción al fiscal particular (Juan Carlos Ledesma) para que desista de la investigación. Y la razón es, a todas luces, ilegal», entendió el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.


«Los niveles de contaminación que hay en Petroquímica son fabulosos», calificó Schiappa Pietra. «Todos contribuyeron a que el juez Tutau dictase una resolución claramente inválida, violando todos los derechos constitucionales relacionados a las obligaciones que tenemos los funcionarios públicos de respetar y cuidar el medio ambiente. Lo que hizo Fiscalía de Estado, representada por Luzzini, y lo que hizo el Ministerio Público en ese acto, a partir de la instrucción que le dio Serjal al fiscal particular fue profundizar ese daño ambiental».

El juez Gazza resolvió posponer la discusión durante 10 días, dictando un cuarto intermedio hasta la celebración de una nueva audiencia, programada para el viernes 5 de marzo, a las 12 horas en Tribunales de San Lorenzo. Este jueves, los fiscales Edery y Schiappa Pietra tendrán que presentar las pruebas a la Oficina de Gestión Judicial, de tal modo que los patrocinantes legales de los imputados y acusados puedan ensayar sus estrategias de defensa.

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