#Bullying La Escuela no habla sobre el hecho y la Justicia hace lo que puede

Ambas problemáticas responden a un protocolo de acción elaborado por el Ministerio de Educación. ¿Hasta dónde podemos prevenir este tipo de casos?

El caso de bullying ocurrido en una escuela de Oliveros, la Nº 239, sigue dando mucho para hablar. Es que mientras Tiziano, el niño de 9 años que es víctima del ataque reiterado de otros cinco chiquitos sigue yendo a clases, desde la escuela y desde la Justicia se debaten sobre qué hacer al respecto.

“Por disposiciones de nuestros superiores, tanto regionales como ministeriales, no podemos hablar al respecto. Se actuó sobre el hecho, se tomaron las medidas correspondientes, y esperamos órdenes para seguir tratando el tema”, explicó a SL24 Marcela Tonello, Directora de la Escuela de Oliveros.

Seguidamente, la docente se negó en reiteras oportunidades a explicar cuáles fueron las medidas articuladas en relación al caso. “El chico sigue viniendo a clases y ya se trabaja sobre la situación”, fue lo que se limitó a decir.

La docente aclaró además: “Trabajamos para que cada docente tenga autonomía de acciones, tanto en momentos anteriores, de manera preventiva, como posteriores, es decir, resolutivas. El Ministerio nos envía qué hacer, en líneas generales, y nosotros contextualizamos con un proyecto de acuerdo al contexto en el que está inmersa la escuela”.

Ese “qué hacer” que envía el Ministerio de Educación es el llamado “Manual de orientaciones para la intervención educativa – Orientaciones para la intervención en situaciones complejas”. Esta norma, cuyo documento puede encontrarse en la web del Ministerio y consta de más de 60 carillas, establece pautas que los docentes deben cumplir a la hora de enfrentar situaciones que escapan a lo habitual.

Sobre este aspecto, fuentes judiciales consultadas por este medio señalaron que “el Ministerio de Educación tiene un protocolo establecido para casos como estos, el cual es público”. En dicho documento “se les pide a los docentes que no brinden información, tanto a la policía como a la Justicia”.

Dicho en otras palabras: el propio Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe obliga a los docentes a tapar casos que pudieran ser conflictivos y demanden intervención de alguna fuerza de seguridad o de la Justicia.

Tiziano cursa cuarto grado en la Escuela 239 de Oliveros y su testimonio, conocido hoy, es tan crudo como claro: “Me gusta ir a la escuela; pero en los últimos días no tenía ganas de ir porque tenía un poco de miedo a que me peguen. Me pegan entre cinco. Siempre tengo problema con los mismos. No sé por qué pasa eso, yo no les digo nada”.

La semana pasada, la familia de Tiziano realizó una presentación ante la policía y ante la Fiscalía de San Lorenzo. En la misma presenta el hecho y pide una pronta solución.

La solución que partió desde la escuela, según dice la familia, es que el niño sea cambiado de grado o directamente de establecimiento. La directora negó haber ofrecido esa respuesta. La Justicia, por su parte, no tiene potestad para obligar a la familia o a la escuela a cambiar al niño, y a la vez no tiene potestad sobre los abusadores, puesto que son menores de edad.

La pregunta, ante la ceguera de la escuela y la incapacidad de la Justicia, entonces, es: ¿Hasta qué punto podemos ayudar a Tiziano; cómo podemos hacerlo?

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