La hacen los chicos, la pagan los grandes: cuatro padres detenidos por amenazas de bomba a escuelas

La Justicia rosarina avanzó este miércoles por la noche en la causa por la ola de amenazas de bomba a escuelas de la ciudad y detuvo a cuatro personas mayores de edad en el marco de siete allanamientos.

Se trata de dos mujeres y dos hombres que son titulares de las línea desde donde se realizaron las llamadas telefónicas pero ahora se debe determinar si sus hijos fueron los autores.

Además, se secuestraron seis celulares en total, y una escopeta que le faltaba una documentación pero aclararon que se trata de algo “accesorio”, una irregularidad menor. En la mañana de este jueves, Gustavo Ponce Asahad, el fiscal a cargo de la investigación, tomará declaración indagatoria a las personas detenidas y solicitarán la imputación por intimidación pública, pena que va de los 2 a 6 años. Se trata de dos mujeres y dos hombres, mayores todos.

“Desde un teléfono se detectaron 3 o 4 llamadas a un mismo colegio”, detalló Darío Chávez, el director provincial de Investigación Criminal, en declaraciones a la prensa local. Además aclaró que los allanamientos se realizaron a la hora de la cena del miércoles sin que amerite algún tipo de operativo forzoso.

Desde Fiscalía, puntualizaron que los allanamientos se realizaron entre las 23 y 01 horas de la noche del miercoles y que por el momento se reservan los datos sobre los detenidos. Asimismo, detallaron las zonas: Gorriti al 5100, Coulin al 2600, Virasoro al 3700, Caminito al 3600, Martínez Estrada al 7900, Pasaje Gomensoro al 1400, Carriego al 1900.

En la investigación, llevada a cabo por la Unidad de Cibercrimen, aún quedan más de 100 expedientes en proceso de averiguación, en tanto esperan nuevos informes de las compañías telefónicas para poder continuar con los allanamientos, explicó el funcionario. “Vamos a seguir avanzando hasta que terminemos todos los registros”, remarcó Chávez y aclaró que estos procedimientos es para que “los chicos reflexionen lo que están haciendo”.

La investigación incluye todas las llamadas con amenazas de bomba, e incluye alrededor de 140 casos desde diciembre pasado. Al momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, ya sea una broma estudiantil o maniobras fundadas en objetivos de índole político.

Según informó el propio fiscal Asahad, la mayoría de las llamadas identificadas fueron realizadas con teléfonos radicados en Rosario, aunque algunas tienen el prefijo 011,  lo cual puede implicar llamadas desde cabinas telefónicas o desde líneas de la ciudad de Buenos Aires.

Cabe recordar que en junio pasado fue imputado por intimidación pública un joven de 20 años, el primer responsable por efectuar una falsa amenaza en el colegio Brigadier López. Aunque no cumple prisión efectiva, tiene prohibida la salida del país.

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