Primeras reacciones al intento de senadores y diputados por acotar, ley mediante, la labor de los fiscales


La semana pasada la Legislatura santafesina sancionó una ley que deja en mano de diputados y senadores la potestad exclusiva de investigar, acusar y remover a todos los fiscales y defensores, sin intervención de la Auditoría General de Gestión.

La norma cayó casi como una bomba en diversos sectores, vinculados o no con el Poder Judicial, pues la atribución de los legisladores santafesinos pareció, de mínima, exagerada. ¿Qué argumento irrebatible expusieron para defender semejante posicionamiento político? Ninguna.

Junto a ello también llamó la atención el comportamiento corporativo que tuvieron ambas Cámaras, no distinguiendo colores partidarios ni viejas rivalidades. En este caso, la gran mayoría se encolumnó detrás de un sólo propósito: acotar la independencia de fiscales y defensores.

A casi una semana de ello, recién ahora aparecen algún posicionamiento público de organizaciones vinculadas con la temática, como el caso de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que solicitó al gobernador Miguel Lifschitz que vete la normativa.

“Se inmiscuye un poder dentro de otro poder”, se quejó el fiscal Guillermo Apanowicz sobre la ley sancionada el jueves pasado, indicando que esa ley (en caso de aprobarse) viola la Constitución nacional y va en contra de la división de poderes; al menos así lo reconoció en las declaraciones que le formuló al periodista Roberto Caferra, en LT2 de Rosario.

“El gobernador se tiene que expedir y tiene la posibilidad de vetar la ley. Entendemos que es lo que debería hacer”, enfatizó.

El veto que reclaman los fiscales es a la ley que cambió el procedimiento de remoción de los integrantes de la Acusación y la Defensa, tanto de titulares como de adjuntos, quienes podrán ser removidos de la misma manera que el Fiscal General y el Defensor General.

Los legisladores le dieron luz verde la semana pasada, en la última sesión de prórroga del año.

Ahora el gobernador será quien decida, y en ello deberá analizar si le otorga un guiño a los legisladores o se compromete a sostener la mayor independencia de poderes posible.

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