Diputado del PRO entusiasmado para que la reducción de personal se implemente en la provincia ¿En la Legislatura también?f

Se trata de Federico Angelini, quien aludió a que sería “sensacional” que la resolución del macrimso se aplicase en Santa Fe. El Senado quedaría bajo la lupa

El presidente Mauricio Macri anunció ayer un paquete de medidas que implicarán el recorte del 25 por ciento de los cargos políticos en el Poder Ejecutivo, la suspensión de aumentos de salarios para funcionarios de mayor jerarquía, y la prohibición para que familiares de ministros puedan ser parte de la administración nacional.

Estas medidas, en especial la última, llevó al diputado provincial de Cambiemos, Federico Angelini, a adherir a la idea de Macri en esta provincia. “Avanzamos sobre lo que tenemos competencia que es el Poder Ejecutivo, e invitamos al legislativo y judicial a que pueda llevar adelante esta medida de desburocratización y reducción de personal político”, señaló.

“A los Estados Provinciales seria sensacional aplicar estas medidas, porque realmente ahí si se empezaría a reducir el déficit fiscal”, acotó en alusión a Santa Fe.

Si bien Angerlini reconoce que la apuesta presidencia solo involucra al Ejecutivo (y solo a una parte de su estructura), deja abierto la posibilidad a que los otros dos poderes la imiten.

En el caso de Santa Fe, la Legislatura es la que podría llevarse todos los premios, pues es una costumbre que los legisladores designen a parientes en cargos estatales, en especial, impulsados desde el Senado y hasta incluso trasponiendo sus fronteras, pues se han comprobados casos de designación de familiares en estructuras del Ejecutivo, siendo una de las preferidas, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo.

¿Estarán los legisladores y jueces a la altura de un renunciamiento como tal? Si vale la compración, senadores y diputados convirtieron en ley un proceso de “supervición y remoción” de fiscales y defensores generales a solo efecto que no sean investigados. Si hicieron aquello, a pesar del rechazo público esgrimido por fiscales y defensores generales, ante la pasividad de los máximos referentes del Poder Judicial y el desentendimiento del gobernador sobre el caso, es difícil que ejecuten una determinación como esta. Si hicieron aquello sin importar el pago de algún costo político, por qué va a pensar que ahora podrían hacer esto.

 

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