Arrinconado por sospechas de vaciamiento Rosner abandona Oil Combustibles

El fondo de inversión OP Investments, radicado en Estados Unidos, comunicó su salida de las empresas del empresario recién liberado, Cristóbal López

Con un comunicado, bajo la firma de la dirección de OP Investments, el fondo responsabiliza a la Administración Federal de Ingresos Públicos del suceso: “Tras haber recibido oposición de la AFIP a todas nuestras propuestas tendientes a normalizar la situación operativa, económica y financiera de de Oil Combustibles S.A. (OCSA), y tras haber trabajado durante más de cuatro meses en desarrollar planes de negocios con diversos socios estratégicos, incluyendo el presentado el 15 de noviembre en la justicia nacional en lo comercial (Justicia Comercial), hemos decidido empezar a transitar nuestra salida”.

Además, manifiestan que la implementación de las soluciones que propusieron “eran urgentes debido al descalabro financiero” y que, de otro modo, se cortaría el suministro de combustibles con el consecuente riesgo de pérdida de la red de estaciones de servicio.

El comunicado completo:

OP INVESTMENTS

Iniciamos nuestra salida

Buenos Aires, 23 de marzo de 2018

Tras haber recibido oposición de la AFIP a todas nuestras propuestas tendientes a normalizar la situación operativa, económica y financiera de de Oil Combustibles S.A. (OCSA), y tras haber trabajado durante más de cuatro meses en desarrollar planes de negocios con diversos socios estratégicos, incluyendo el presentado el 15 de noviembre en la justicia nacional en lo comercial (Justicia Comercial), hemos decidido empezar a transitar nuestra salida.

Hemos advertido desde un principio que la implementación de las soluciones que propusimos eran urgentes debido al descalabro financiero existente, y que de otro modo se cortaría el suministro de combustibles con el consecuente riesgo de pérdida de la red de estaciones de servicio (principal activo de la empresa).

Y considerando que:

i)la AFIP rechazó todas las propuestas que recibió sin siquiera molestarse en proponer o sugerir cambios que pudieran hacer las mismas aceptables:

ii)la demora desde noviembre de 2017 de la justicia nacional en lo criminal y correccional federal (Justicia Penal ) en aprobar la transferencia de la propiedad de las acciones de OCSA a OP INVESTMENTS, entre otras, para poder garantizar a los inversores opciones de ingreso al capital, la identidad de con quien contratan y la licitud de dicha contratación, condiciones necesarias para un inversor pueda cumplir con las normas de KYC. lavado de dinero, FCPA, entre otras;

iii)que no se han podido liquidar activos no estratégicos para fondear capital de trabajo y pagar deuda fiscal, al no obtenerse las autorizaciones necesarias por la existencia de inhibiciones sobre los activos de OCSA y sus sociedades controladas, improcedentes por haber sido trabadas en causas de naturaleza penal contra sus accionistas, lo que ha impedido formalizar innumerables potenciales operaciones de venta de activos no estratégicos;

iv)la indisponibilidad de contar con cuentas bancarias para operar un giro de negocios por cerca de 17.000 millones de pesos anuales;

v)la incertidumbre creada en torno al pasivo concursal en relación al monto, por un lado conforme a las disposiciones de la ley 27.260 que dispone la posibilidad de adherirse a un plan de pagos, aplicable en el marco del Concurso Preventivo, contra los $17.000 millones que dice adeudársele la AFIP en razón de la acción civil iniciada ante la Justicia Penal por el Dr. Gil Lavedra, abogado contratado por la misma AFIP. Ello hace que sea incierto el monto del pasivo fiscal y la condición de pago para los potenciales inversores;

vi)la inseguridad jurídica e institucional que genera la caída y reapertura del Concurso Preventivo, la intervención de diversos fueros en un tema puramente comercial, la conducta errática de la AFIP y la indefinición del Poder Ejecutivo Nacional;

vii)la confusión y daño que produjo no separar la responsabilidad de los accionistas o directivos, de la responsabilidad de las empresas, tal como como mandó establecer la resolución de la Sala D de la Cámara Comercial conforme a los principios básicos de derecho comercial argentino y otras legislaciones modernas. Esa indebida confusión entre los titulares de las acciones y nosotros, alentada mediáticamente en forma desmesurada, nos puso en un “estado de sospecha” que no hemos podido revertir;

viii)la falta de voluntad de seguir el principio rector de la Ley de Concursos de la conservación de la empresa y la preservación de las fuentes de trabajo sumado al desinterés de la AFIP de buscar soluciones que permitan cobrar, en la máxima medida posible su crédito fiscal dentro de los paràmetros fijados por la Justicia Comercial; y

ix)la imposibilidad de los ejecutivos de atender de forma simultánea a los requerimientos de la Justicia Comercial, de la Justicia Penal, de los Coadministradores, de los Síndicos, y de los veedores de OCSA a la par de atender y solucionar en tiempo real una emergencia comercial, financiera y económica.

Es por eso que nos hemos puesto a disposición de la reciente intervención de OCSA (cuya resolución de intervención apelamos por la inexactitud de sus fundamentos).

En función de todo lo expuesto hemos decidido iniciar ordenadamente nuestra salida. A efectos que la misma sea conducente a los objetivos con los que asumimos, nuestros asesores legales están evaluando distintas alternativas, entre ellas poner a disposición nuestra posición contractual respecto de OCSA, terminar el contrato de compra por las acciones de OCSA, prestar el consentimiento para renunciar al “período de exclusividad” de modo de posibilitar la apertura del salvataje legal (“cramdown”) en favor de un candidato que asegure la continuidad de la empresa, el pedido urgente de venta de activos para cancelar deuda y generar capital de trabajo y otras alternativas viables para la continuidad de la empresa y la preservación de los puestos de trabajo.

La Dirección de OP Investments

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