La Justicia desestimó acusaciones contra Traferri por adjudicación irregular de subsidios

Se comprobó que el dinero era entregado a una fundación que tenía el mismo domicilio que sus oficinas, pero que se usó para lo solicitado “No hay comisión de delito”, confirmó la Fiscalía

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario desestimó una denuncia contra el senador sanlorencino Armando Traferri por supuestas irregularidades con la entrega de subsidios.

La denuncia en su contra fue formulada porque el legislador aportó dinero público a una fundación denominada “San Lorenzo Solidario” y a la que emparentaban con su actual esposa.

La resolución lleva la firma de la fiscal de Delitos Económicos Natalia Benvenuto, quien argumentó “atipicidad de los hechos vertidos” en la presentación; o sea, que no hay delito por reprochar.

Traferri y otros legisladores fueron denunciados en junio del año pasado por el entonces concejal rosarino Jorge Boasso. En el caso particular del senador por San Lorenzo, Boasso describió el otorgamiento de 27 subsidios, durante 28 meses, a la Fundación San Lorenzo Solidario, cuyo domicilio es el mismo que el de la oficina del legislador, “además de tener como tesorero y secretaria a quienes serían sus asesores desde hace más de 12 años, ambos como personal contratado por el Senado”.

Inicialmente, todas las investigaciones estuvieron a cargo de los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack, pero tras una reestructuración en el MPA, esas causas fueron direccionándose a otras jurisdicciones, quedando solo la de Traferri en Rosario.

La fiscal comprobó que el senador efectivamente autorizó partidas para la Fundación citada (legalmente constituida e inscripta en la Inspección General de Personas Jurídicas), que tiene el mismo domicilio que el de sus oficinas, tal como denunció Boasso, como así también, integrada por asesores suyos con cargos en la Legislatura Santafesina.

Sin embargo, la Fiscalía fue contundente al admitir que ello no constituye delito alguno. “Más allá de la discrepancia ético-moral que pueda caber sobre la cercanía de los administradores para con los senadores otorgantes, dicha circunstancia no es declarada incompatible por la Constitución Provincial, como tampoco surge de la ley provincial 13.230 de ética pública”, esgrimió la funcionaria judicial.

Benvenuto remarcó además que según los balances y las rendiciones de cuentas de la fundación, “se destinaron  los fondos a acciones específicas que fueron acreditadas, no encontrándose en ellas ninguna circunstancia que autorice sostener un destino diferente a los contemplados en el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional” que impulsa el senador departamental.

Fuente: rosario3

 

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