¿Por qué una de las comunas más grandes de la región podría ser intervenida por el Gobierno provincial?

Si bien una medida así requiere de una ley, la provincia podría llevar las conclusiones de su estudio a la Justicia. Detalles de la crisis que se vive en Maciel.

La comuna de Maciel podría sufrir la intervención de la provincia “de no adecuar su funcionamiento a la ley orgánica de comunas y con las personas legalmente electas para tomar decisiones”, ya que en tal caso “estaríamos en presencia de una subversión al régimen comunal establecido en la Constitución provincial”. Así se desprende de un informe presentado el miércoles por la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, que exige la “inmediata reunión de los miembros titulares” para “ratificar o rectificar las medidas adoptadas durante el tiempo en que no se realizaron las reuniones y revisar sus compatibilidades para el desempeño de los cargos”. El informe pide además la “aprobación de un presupuesto y la urgente revisión de todos los procedimientos administrativos y contables”.

Si bien una intervención del Ejecutivo provincial no sería posible sin la aprobación de una ley por parte de la Legislatura, desde el organismo provincial están dispuestos a llevar los resultados del informe a la Justicia, que podría, de constatar la veracidad de la información, actuar como tal disponiendo una medida.

Por su parte, el presidente comunal, Pedro Tobozo, negó las imputaciones que se hacen en el informe, las que, aseguró, “no se condicen con lo que figura en nuestros libros”. Y aclaró que “hace más de tres meses que hay miembros de la comisión que no participan de las reuniones, algo que constatamos por escribano público” (ver aparte).

La inspección

La inspección legal y contable, que lleva las firmas de la directora de Asesoramiento Jurídico de la secretaría, Ethel Mara Mustafá, y del director general de Estudios y Seguimientos del área, Cristian Edsberg, comenzó el 16 de junio, luego de que un fuerte conflicto interno dentro de la comisión comunal terminara con el alejamiento de algunos de sus miembros.

En aquella ocasión, los funcionarios provinciales detectaron, entre otras anomalías, la ausencia de libro de registro de ordenanzas y resoluciones. Pero no sólo eso. También se comprobó que las reuniones de comisión se realizaban con “personas ajenas a la comisión, en fecha no prevista”, y que se lograban con el quórum de personas “ajenas” al órgano gubernamental. “Sólo dos de los cinco miembros titulares se encuentran presentes, el resto son suplentes e integrantes de la revisora de cuentas, que si bien pueden participar y tienen voz, no tienen voto”. De esta manera, “la decisión tomada resulta ajena o incompetente a la decisión que tomaron los suplentes o los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, resultando el acta nula por incompetencia de los miembros que la aprueban”.

Además, se observó que se vuelcan en cada reunión y por computadoras las decisiones que se toman”, las que son firmadas por todos los presentes, pero cuando pasan al libro manuscrito, “sólo aparecen firmando dos miembros”.

La crisis

La crisis había comenzado en febrero, cuando el tesorero de la comuna, Severo, presentó su renuncia, de la cual luego se retractó, aunque el caso generó una fuerte grieta dentro del Ejecutivo, incluidas denuncias cruzadas de los miembros.

En diálogo con LaCapital, el secretario de Regiones, Municipios y Comunas, Carlos Torres, advirtió que “no es temerario” pensar en una intervención, por cuanto “se detectaron irregularidades, desorden administrativo y acciones fuera de la ley” que justifican una decisión de esta naturaleza. “Les vamos a dar unos días para ver si empiezan a regularizar la situación; si no lo hacen, no nos queda otro camino que poner el informe a disposición del fiscal de turno y ver si ordena intervenir. Hemos agotado todos los caminos, tendremos que recurrir a la Justicia”, remató el funcionario.

La Capital

 

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