Una auditoria internacional de la empresa Isolux apunta contra una Pyme de Capitán Bermúdez

La empresa figura en un informe interno del consejo de administración que pone de manifiesto el sistema de pagos de comisiones y sobreprecios a funcionarios del Gobierno de Argentina y Colombia.

A los pocos días de decretarse el concurso de acreedores de Isolux Corsan, el medio digital español El Confidencial reveló que un ejecutivo de la compañía remitió un año antes al canal de denuncias e investigaciones internas del grupo un documento en el que se cuenta detalles del sistema de sobornos y prebendas que el grupo español tenía instalado en Buenos Aires y que daba servicio a los proyectos en Latinoamérica.

El informe describe cómo Juan Carlos de Goycoechea (CEO de Isolux Argentina, uno de los empresarios arrepentidos en la causa de los cuadernos) montó una empresa llamada GVA que era simplemente “una fachada montada” para hacer pagos a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal en relación a la construcción de una central eléctrica en el sur del país, en Río Turbio.

Entre los  funcionarios que supuestamente recibieron dinero, el informe interno de Isolux Corban destaca a Christian Manrique Valdor y Fernando Passini. El documento, siempre de acuerdo a El Confidencial, hace hincapié en un proyecto de 650 millones de dólares que la multinacional española ganó en 2011 y en el que supuestamente se pagaron sobreprecios a otros subcontratistas como Misa, que fabricaba determinadas piezas defectuosas, y Rafa SA , que también sin experiencia pasaba presupuestos adicionales para solucionar los problemas generados por la anterior.

Estas compañías eran seleccionadas por funcionarios del Gobierno, que participaban en todas las reuniones oficiales y no oficiales para elegir a los suministradores. En la cadena de correos electrónicos, Juan Marcelo Vargas, asesor de la Intervención del Ministerio, le dice a Goycoechea lo siguiente: “Juanca (Juan Carlos Goycoechea), decile al Perea (el responsable del proyecto en nombre de Isolux) que no arme reuniones con los subcontratistas a espalda nuestra”, en relación a la oposición de José Luis Perea de encargar determinadas partes de la obra a empresas que no tenían cualificación.

Desde la redacción de SL24, se intentó tomar contactó con los propietarios de la empresa Rafa SA quienes no contestaron los llamados. Extraoficialmente, una fuente cercana al directorio aseguró que la empresa española le debe más de 400 millones de pesos a la pyme local.

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