Desastre ambiental

Residuos abandonados complicarían penalmente a firmas de la región


La reciente clausura de un vertedero en Luis Palacios, localidad que aún espera una compensación por el daño ambiental, reinstaló la problemática de los residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, que en la región representan el mayor volumen. Un tema que viene complejizándose año tras año, motivado por la falta de control estatal que permite la proliferación de empresas que gestionan, transportan y disponen residuos en lugares considerados por muchos como poco sustentables ambientalmente.

En el cordón industrial las denuncias por volcamientos ilegales de residuos líquidos en campos y cuneta se multiplican años tras año y son en muchos casos las propias empresas de transporte que trabajan contratadas por las industrias generadoras las que vierten los residuos recolectados sin ser entregados en los tratadores habilitados. Este modus operandis es viable dado los laxos controles que la Secretaria de Media Ambiente provincial y las autoridades locales llevan adelante.

Pero aun más grave es la situación de aquellos tratadores que —ante las escasas exigencias técnicas del Estado— fueron autorizadas a operar de manera precaria o sin sustentabilidad y posteriormente por diversas causas clausuradas ante distintos incumplimiento, dejando en el camino grandes pasivos ambientales, que —pese al tiempo trascurrido— aún hoy no han sido remediados.

De esta naturaleza es el caso de una empresa tratadora de residuos no peligrosos ubicada dentro del distrito de la localidad de Luis Palacios, a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario, por la ruta nacional 34, y que funcionó en una zona rural (cercana al cementerio local) con improvisadas piletas, lo que le permitió recibir residuos líquidos de empresas de la región, que colapsaron sus instalaciones a los pocos meses y dejaron un gigantesco pasivo ambiental en el pueblo, que persiste hasta la fecha, como lo grafica el material fotográfico.

Ante la presión de la población, la comuna clausuró el predio, cesando la empresa esta actividad sin realizar ningún tipo de remediación, existiendo a la fecha las piletas completamente llenas del residuo que hace varios años depositaron para un supuesto tratamiento que nunca se realizó.

El interés genuino es de la comuna —ella es la que tiene que denunciar esta situación ante la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe y fundamentalmente ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental dependiente de la Procuración General de la Nación, o ante el Ministerio Público de la Acusación de la provincia en el área de Coordinación en Investigación de Delitos Ambientales.

Las empresas son solidariamente responsables por ser los generadores de esos residuos. Son ellas también, junto a los titulares del terreno y de la sociedad tratadora (Composmed SRL), las que deberán dar las explicaciones del caso y hacerse cargo de los costos de la remediación ambiental de la zona.

En Luis Palacios, el predio abandonado de lo que fue Composmed dejó dos piletas y varias hectáreas con residuos líquidos que generan olores desagradables y promueven la proliferación de vectores a pocos metros del pueblo. Esta empresa estuvo habilitada mucho tiempo por la Secretaría de Medio Ambiente y la autoridad local. A medida que ambientalmente la situación se fue complicando el pueblo comenzó a molestarse y presionar a la autoridad local para que lo cerraran. Vino el cambio de gobierno y —pese a que la provincia no lo clausuró— sí lo hizo la comuna.

La ley nacional contempla la responsabilidad civil y penal de los generadores del residuo, muchos de los residuos depositados en la piletas abandonadas en Luis Palacios pertenecen a empresas agroexportadoras de la región, con el agravante que muchas de estas empresas siguen operando con tratadores tratadores que llevan adelante procesos de destrucción insustentables en el largo plazo.

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