La jueza Eleonora Verón rechazó este martes a la tarde el planteo presentado por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que pidieron que fuese declarado inconstitucional el artículo 27 de Código Procesal Penal de Santa Fe, que regula la protección de los fueros de los legisladores.
Tras el fallo de la magistrada, el senador Armando Traferri respira un poco más aliviado, ya que el planteo de los fiscales apuntaba a que si se declaraba la inconstitucionalidad de ese artículo pudiesen imputar al legislador peronista, involucrado en la causa de juego clandestino. Tras la decisión de Verón, Traferri no podrá ser imputado. Pero el caso seguirá ascendiendo en la estructura judicial, porque los fiscales analizaban apelar la decisión de la magistrada.
Schiappa Pietra y Edery presentaron el pedido de inconstitucionalidad a mediados de febrero pasado, luego de que el Senado provincial rechazara el pedido de desafuero que solicitaron contra Traferri. Como la Cámara alta provincial le cerró el camino a los funcionarios de la Agencia de Criminalidad Organizada no les quedó otro alternativa, para insistir en la imputación contra el senador por San Lorenzo, que presentarse ante la justicia y poner en discusión el artículo 27 del Código Procesal Penal.
Hay otros juristas, como el abogado Gustavo Feldman, que opinan lo contrario, como lo advirtió en el diario La Capital. “El impedimento no está en el articulo 27 del código procesal penal santafesino sino en la manda de la Constitución de la provincia que en su articulo 51, que dice textualmente: ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado, perseguido o molestado por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones. Sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal”.
Feldman señala que “si ese artículo del código (el 27) no existiera la situación sería la misma, el dique de contención a la potestad persecutoria no es legal, es constitucional”. El origen del conflicto de fondo es una causa de juego ilegal que se inició en enero del año pasado, a partir del crimen del gerente del Banco Nación de Las Parejas Enrique Encino, que fue asesinado en uno de los balcones del Casino de Rosario, en un ataque ordenado por la banda de Los Monos. En la investigación se detectó que la organización narco y el empresario, que manejaba el juego clandestino, Leonardo Peiti recibían información privilegiada de la fiscalía de Rosario. El empresario se presentó como arrepentido y reveló que pagaba sobornos en dólares a los funcionarios judiciales. En agosto pasado fueron detenidos el jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal, quien goza de la prisión domiciliaria, y su mano derecha Gustavo Ponce Asahad, quien en noviembre pasado reveló en una audiencia que el que coordinaba el pago de sobornos era Traferri.
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Gritos y peleas en el entierro de SofíaLos fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pudieron el 17 de diciembre pasado el desafuero del legislador para poder imputarlo. Una alianza de senadores peronistas y radicales rechazó ese pedido, al considerar que no había pruebas suficientes para sacarle esa protección legal a Traferri. Los fiscales recurrieron a otra estrategia. Pidieron la inconstitucionalidad del artículo 27 del código procesal penal que les impide imputar –sería similar a procesar- al jefe del bloque peronista. Este reclamo, según prevén, llegará a la Corte Suprema de la Nación.
Después de la repercusión y el voltaje político que adquirió el tema, los senadores que aprobaron este proyecto –una alianza de peronistas y radicales- decidieron cuatro días más tarde dejar en suspenso conformación de la comisión que buscaba controlar el trabajo de los fiscales. No es la primera vez que ocurre esta situación. Ya en 2017 los legisladores crearon una comisión para auditar el desempeño de los fiscales, luego de que abriera una causa contra ocho senadores, por presunto desvío de fondos para subsidios. A esto se sumó otra polémica, el Senado le pidió al juez Carlos Leiva, que entiende en la causa del juego clandestino y los sobornos, que cierre la causa contra el jefe del bloque del PJ. “Hacer saber al juez actuante que, de acuerdo al resultado de la votación en sesión de fecha 17 de diciembre, no puede avanzarse en el proceso instaurado contra el senador Armando Traferri”, señala el texto que lleva la vicegobernadora Alejandra Rodenas, quien antes de desembarcar en la política fue magistrada, quien luego salió a aclarar que ella no impulsó la resolución, sino que “se limitó a comunicar la decisión de los senadores al juez Leiva”. El senador Traferri dijo en diciembre pasado, la última vez que habló públicamente, que la investigación sobre los vínculos con el juego clandestino son parte de “un plan orquestado” por el ministro de Seguridad Marcelo Saín. Desde el inicio de la gestión de Omar Perotti, Traferri se instaló como un opositor interno, al aprobar varias leyes claves con el socialismo, que encarna la oposición, entre ellos el presupuesto que iba a utilizar en medio de la pandemia el gobernador y dos leyes contra el ministro Saín.
Fuente: Aire de Santa Fe
