Se agravó en las últimas horas el conflicto entre Terminal Puerto Rosario y los estibadores representados por Supa Rosario: bloqueos, suspensiones, anuncios de paro por tiempo indeterminado y despidos. La saga continuará este miércoles con una nueva audiencia en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo, para seguir intentando destrabar una disputa salarial.
“Todas las partes, tanto ministerial como provincial y nacional, le están dando todas las herramientas y alternativas a la empresa para desactivar este conflicto. Ayer estuvimos prácticamente 12 horas negociando en el Ministerio de Trabajo. Y cuando habíamos arribado a un acuerdo y podíamos haberlo cerrado con las actas, la empresa tomó la decisión de levantarse y no firmarlas”, señaló César Aybar, secretario general de Supa Rosario.
El dirigente gremial aceptó que “nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero en estas condiciones de extorsiones y despidos de trabajadores no pensamos levantar la medida de fuerza hasta que cada trabajador sea reincorporado y cerremos el acuerdo salarial correspondiente”.
Por un reclamo salarial, los bloqueos comenzaron el jueves pasado en Terminal Puerto Rosario. “Lo que temíamos era que TPR quisiera recrudecer el conflicto. Ya nos comunicaron que empezaron a llegar los primeros despidos. Hicimos una asamblea y les informamos a los trabajadores que este conflicto se va a levantar cuando reincorporen hasta el último trabajador despedido. Ya estamos analizando realizar un paro portuario regional”, sostuvo Aybar.
Pero enseguida aclaró que la medida de fuerza regional no contemplaría a los puertos de San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes. “Tenemos jurisdicción en Rosario, Alvear, Arroyo Seco y General Lagos. Ahí se realizarán las medidas de fuerza incluyendo las terminales cerealeras de Rosario. Será un paro regional y no descartamos el apoyo de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos. Lo que arrancaría como un paro regional seguramente se extenderá a un paro nacional, hasta tanto no se resuelva esta situación”, completó.
Según Aybar, “el problema de fondo no es el conflicto salarial. Lo que quieren las empresas Vicentin y Ultramar, que son los dueños de TPR, es presionar al gobierno provincial que exige obras de infraestructura por muelles caídos y clausurados. No han invertido un peso. Y encima quieren renovar la concesión”, concluyó.
