La sala B de la Cámara Federal de Rosario ratificó el pasado viernes que no existe ningún impedimento para que las empresas SAP y Milisenda presten servicios en la terminales de Puerto San Martín y Timbúes, cuyas actividades fueron suspendidas por una decisión del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) y sus autoridades tras radicar una denuncia contra las empresas por presuntos incumplimientos de aportes previsionales.
La resolución, firmada por las camaristas Élida Vidal y Silvina Andalaf Casiello, determinó que el rechazo de la medida cautelar solicitada por las empresas de estiba, devino en abstracto, toda vez que la misma ya había sido sustituida el 21 de octubre de 2022 mediante una resolución de la misma Cámara. Es decir, nuevamente la Justicia Federal le dio la razón a SAP y Milisenda entendiendo que la medida cautelar solicitada originalmente por el Supa era extorsiva e injustificada, motivo por el cual se ordenó su inmediata sustitución.
Contrariamente a esto, ayer circuló por diversos grupos de WhatsApp una publicación con parte del escrito que indicaba que la resolución de la Cámara Federal era un “triunfo” para el Supa, una situación difícil de sostener con la lectura del escrito judicial. En concreto, según fuentes judiciales consultadas por este medio, lo que dice el fallo es que, habiendo obtenido las empresas una resolución favorable en tres instancias distintas y todas estas confirmadas por la Cámara de Apelaciones Federal de Rosario, el Tribunal no tiene obligación de volver a tratar el tema.
Si bien lo que circuló es un extracto, el fallo concretamente resolvió:
“Atento a lo reseñado en los vistos, la medida cautelar originariamente impugnada que ordenaba la suspensión de llamado y designación de personal por intermedio del Cedecon a las empresas demandadas, hasta tanto se determine con exactitud el monto adeudado a la entidad sindical y éste sea abonado con sus intereses y costas –dictada el 19/09/22– ha sido sustituida por acuerdo del 21/10/22 dictado por esta Cámara, donde se dijo que ‘…el monto dado en pago cubre en su totalidad la determinación provisoria de la deuda reclamada por la actora en concepto de cuota sindical, contribución patronal, cuota solidaria y tasa de uso, neutralizando de ese modo el riesgo al patrimonio de la asociación sindical sobre el que se sostiene el peligro en la demora invocado’”.
Vale recordar que al inicio del conflicto, y para disipar toda duda, la empresas de estiba depositaron en garantía la suma de $ 185.000.000 en una cuenta judicial.
Resulta insólito que con la apremiante situación que están atravesando los estibadores por la baja actividad, sumada a los costos de vida cada más elevados, los dirigentes gremiales gasten energía y tiempo en chiquilinadas, vendiendo una derrota como una victoria y pretendan engañar a los trabajadores como hicieron al inicio del conflicto con la inexistente deuda por aportes previsionales (la Anses y la Afip resolvieron que nunca existió deuda alguna).
En otro frente y, ante el inminente dictamen desfavorable para el Supa por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, originado a partir de las presentaciones realizadas por las empresas de estiba, la situación encendió las alarmas del Ministerio de Economía de la Nación que viene monitoreando de cerca la situación, y adelantó que no tolerará ninguna medida de fuerza que afecte la liquidación de divisas como ocurrió a principios de este año en el puerto de Rosario.
Política e intervenciones
Las autoridades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) tienen muy claro el funcionamiento del Supa y la Cooperativa, interventores vinculados con el organismo y el Ministerio de Trabajo que estuvieron administrando ambas instituciones por más de dos años, en su mayoría bajo el mandato de Alberto Fernández y sus funcionarios. En el Ministerio de Economía y Trabajo están observando con mucha atención los movimientos del Supa y sus asesores.
Hoy el servicio volvió a convertirse en un monopolio “discrecional” manejado sin transparencia por los dirigentes del gremio, un grupo de operadores políticos y asesores. La Justicia puso blanco sobre negro los movimientos ejercidos por el gremio para sacar de juego a dos empresas y construir el nuevo poder empresario sindical detrás del negocio de la estiba en los puertos de Puerto San Martín y Timbúes.
Resolución completa
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