En la entrevista que realizó Alberto Fernández durante los primeros días de este mes en el ciclo el Método Rebord, el presidente demostró las verdaderas intenciones de su gobierno respecto a la situación de la empresa Vicentin: “Hasta el día de hoy estamos discutiendo el cramdown. Al día de hoy, estamos trabajando en eso”. Y sostuvo que “sería tener una testigo para incidir en el sector cerealero, que cada vez tiene más trascendencia”. Ayer, el juez que tiene el concurso de la empresa, Fabián Lorenzini, certificó la existencia de conformidades suficientes en una propuesta de acuerdo con los acreedores para que la empresa logre salir del concurso… Pero hoy el Banco Nación anunció que impugnará cualquier decisión judicial que avale dicha oferta de pago. ¿El argumento? La entidad, que preside Silvina Batakis, dijo que el acuerdo ofrecido es “desfavorable” para el banco y un “fraude a la ley”.
El Banco de la Nación Argentina (BNA) señaló que impugnará “por abusiva y contraria a los intereses” de la entidad una eventual decisión judicial de avalar la propuesta de pago.
“El acuerdo preventivo de Vicentin es, desde lo económico, extremadamente desfavorable para el banco y, desde la óptica jurídica, es palmariamente contrario al principio de igualdad de los acreedores que prima este tipo de procesos”, sostuvo el BNA en un comunicado donde, enfatizó, que el supuesto compromiso de pago por parte de la cerealera “no representa ni siquiera un cuarto del dinero que la empresa le adeuda al Banco Nación”.
Destacó que Vicentin le debe más de 300 millones de dólares y recordó que la entidad es un “acreedor privilegiado”. Remarcó que la propuesta es “discriminatoria, abusiva y en fraude a la ley, considerando que contempla cláusulas de similar naturaleza para acreedores de diversa cuantía, sin contemplar diferencias entre los intereses y características propias de los distintos afectados”.
Fuentes entendidas del caso, confiaron a SL24 que el reclamo del BNA no debería tener justificación jurídica porque existe un principio llamado “pars conditio creditorum”, que obliga a tratar de igual manera a todos los acreedores con una misma condición, sean estos de categoría privilegiada o quirografaria. Y además implica que, en el caso de los últimos, deben cobrar sus acreencias en la misma proporción.
“Ese principio concursal, junto a otros, nace para proteger a los acreedores menores, sin poder de negociación respecto de los de mayor monto y, por lo tanto, con mayor poder”, explicó la misma fuente. Y concluyó aclarando que “en el caso de Vicentin la propuesta de una suma fija en principio favorece a los acreedores menores porque éstos cobrarían una mayor proporción de su crédito respecto de los mayores donde u$s 30.000 puede ser el 100% de un crédito de ese monto, pero a la vez puede resultar el 1% de una acreencia de u$s 3.000.000. Si esta propuesta ha sido aceptada mayoritariamente por los acreedores de mayor poder, entonces carecería de sentido aplicar un principio cuya ratio es la protección de los acreedores que, en este caso, serían los más favorecidos. Sería como escindir el principio jurídico del sentido para el cual fue creado”.
