La publicación de una nota de la revista porteña Noticias que retrata la tarea de los fiscales de Rosario en medio de la sangrienta ola de violencia que azota a la ciudad, disparó una polémica puertas adentro del Ministerio Público de la Acusación que todavía no se sabe dónde terminará.
Para ese trabajo periodístico fue requerido el testimonio de los fiscales Matías Edery, Valeria Haurigot, Franco Carbone y Pablo Socca. Ese aporte a la revista les trajo un dolor de cabeza: María Eugenia Iribarren, la jefa de todos ellos, inició una investigación interna con la finalidad de evaluar si corresponde sancionar a Socca y Haurigot.
Allí empezó la polémica, que incluyó la intervención del Sindicato de Prensa de Rosario, que manifestó su preocupación y consideró que se “actuó de manera perjudicial si se piensa en términos de libertad de expresión y derecho a la información que corresponde a toda la sociedad”.
Pero lo más llamativo es el comunicado que emitió la comisión directiva de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, de la que forman parte los cuatro fiscales cuestionados.
En ese escrito, sostiene con total contundencia que “se corrobora que algunos medios de comunicación de la ciudad de Rosario de gran alcance, tienen prohibido informar respecto a puntuales investigaciones penales en trámite que por estrictas razones políticas –o de complicidad– le desfavorecen, resultando ello una verdadera censura previa, consentida y no resistida por los propios periodistas locales que hoy rasgan sus vestiduras en defensa de la mentada libertad de expresión”.
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— Asociación de Fiscales y Funcionaries MPA (@fiscales_mpa) July 4, 2023
