Nuestro país, tanto en el sector público como en el privado, viene navegando décadas de honda decadencia en materia de política hídrica y fluvial. El desconocimiento y la improvisación parecen ser una constante aún en temas en los que están en juego cuestiones estratégicas: desde la provisión de agua potable y energía eléctrica a nuestras poblaciones, incluyendo la planificación de sus represas internacionales, al tránsito fluvial por la Hidrovía, principal vía logística que utilizamos para salir al mundo. Apelaciones a la patria y a la soberanía, endulzan los oídos de quienes se aproximan a las materias hídrica y fluvial con buenas intenciones, pero carentes de conocimientos técnicos. Eslóganes efectistas pero vacíos de contenido, nos han llevado a menospreciar el asesoramiento profesional, a reemplazar a funcionarios de carrera que mucho costó capacitar, a desconfiar de acuerdos internacionales cuidadosamente diseñados por nuestro país décadas atrás para servir a los intereses nacionales y, finalmente, a desmantelar políticas de Estado que en su momento nos llevaron a ocupar posiciones de liderazgo regional. Es preciso entender que la República Argentina no sólo supo formar a los especialistas más capacitados en la materia, sino que, desde la posición de liderazgo que ocupó en décadas pasadas, diseñó la estructura institucional aún vigente de la Cuenca del Plata.
El Acuerdo Tripartito de 1979 entre Argentina, Brasil y Paraguay, destinado a compatibilizar el aprovechamiento hidroeléctrico en ríos compartidos y a partir del cual se construyeron Itaipú y posteriormente Yacyretá, fue la piedra angular de todos los procesos de integración que luego sucedieron, incluyendo al Mercosur. Este acuerdo significó la superación de la hipótesis del conflicto permanente y su reemplazo por la lógica de la cooperación. El fin del juego de suma cero. Lamentablemente, hoy los argentinos, presos de una amnesia histórica, desconocemos nuestra propia trayectoria, hemos olvidado nuestro pasado próspero y pretendimos reescribir nuestra identidad. Vacíos de memoria, deambulamos con histrionismo un presente carente de sentido: no sólo el Acuerdo Tripartito sino la propia lógica de asociación regional virtuosa parecen estar en riesgo ante los embates de quienes mal entienden a la soberanía, alzándola como argumento válido para aislarnos del mundo.
Esta decadencia en la que nos hemos ido sumergiendo, hoy encuentra a nuestro disminuido país en medio de la sequía más pronunciada de la que se tenga registro en los libros de historia. El entorno natural está cambiando con mucha mayor rapidez que nuestra capacidad de reacción, adormecida al compás de intereses corporativos que se enmascaran en disputas ideológicas. Pero la crisis estructural que atravesamos excede lo económico y abreva en raíces socio-culturales profundas, tan profundas como nuestros ríos. La ausencia de políticas fluviales e hídricas, sostenidas en el tiempo, es uno más de sus muchos síntomas.
Imposibilitados de aceptar las razones de nuestra declinación histórica, buscamos responsables puertas afuera. Echamos culpas sobre nuestros vecinos, aislándonos cada vez más.
Usando un término del fútbol, hoy estamos últimos en la tabla. Nos hemos resignado a abandonar el uso del río y conformado con ver pasar flotas de otras banderas desde nuestras costas. En el mejor de los casos, habiendo desistido a ser transportistas, nos transformamos en monopólicos, costosos e ineficientes proveedores de servicios de tránsito.
A la extinción de la flota fluvial argentina y al éxodo de nuestros empresarios a países con mejores reglas de juego, le ha seguido la migración de nuestros trabajadores fluviales, o su reconversión hacia otras tareas a fin de mitigar el desempleo. Podemos fácilmente advertir que el crecimiento de las flotas fluviales de nuestros socios ocurrió de manera coincidente con la extinción del transportista argentino. Claramente el empresario argentino debió “cambiarse la camiseta” y emigrar al otro lado del río, perseguido por políticas fiscales y presiones sindicales intolerables. Hoy casi no disponemos de embarcaciones argentinas siquiera para cubrir servicios de cabotaje, gracias a regulaciones absurdas que en nombre de la patria, atentan contra el desarrollo empresarial, extinguen los puestos de trabajo y perjudican seriamente a las provincias ribereñas.
Además por inacción y desidia, hemos tolerado que nuestros vecinos establezcan discriminaciones sobre los buques de bandera argentina, prohibidas en los acuerdos de la Hidrovía, tales como las normas proteccionistas que hemos denominado “ley de reserva de carga paraguaya”, que urge dejar de lado. Este tipo de situaciones sólo pueden ser toleradas por quienes, desconociendo su propia historia, deambulan por un presente de apatía que abandonó a su suerte a la marina mercante argentina.
Carecemos de políticas de estado para la Hidrovía. La concesión del contrato de mantenimiento de la red troncal de navegación (el tramo argentino de la Hidrovía Paraná- Paraguay) se encuentra vencido. Hace muchos años se sabía que esto iba a suceder. El diseño de los términos del llamado a licitación no ha podido ser consensuado entre dos administraciones de distinto color político, aspecto esencial para diagramar acciones serias. Y estamos hablando del mayor corredor logístico argentino, por el cual sale al mundo el 80% de nuestra producción…
Cuestiones básicas como el dragado de nuestros ríos Uruguay o de la Plata a través del Canal Magdalena -que además requerirá de la construcción de un puerto, si lo que se quiere es ofrecer una alternativa real a Montevideo- son decididas sin atender a su eficiencia, sin efectuar análisis previos del potencial real de demanda que tendrán y, en consecuencia, sin atender a su sostenibilidad fiscal, criterio racional mínimo a tener en consideración cuando se realizan inversiones millonarias. ¿Cuál es el número de buques que semanalmente utilizan la Hidrovía del río Uruguay? ¿Cuántos otros utilizarán el futuro y costoso Canal Magdalena? ¿Se realizó un análisis serio y profesional del hinterland que el nuevo polo portuario atenderá? ¿El análisis de impacto de un nuevo puerto sobre el futuro canal ha sido considerado? Este tipo de preguntas son básicas para que un Estado Nacional deficitario, sin recursos y plagado de demandas (hospitales, escuelas, ayudas sociales), sopese previo a realizar tamaña inversión. Porque de eso se trata, de costosas inversiones en logística que deberían buscar maximizar la productividad. Ese es el mayor activo de los pueblos soberanos, velar por la mejor aplicación de los recursos que los ciudadanos confiaron a su clase dirigente.
La cuestión del dragado de nuestros ríos tiene muchos otros aspectos, incluyendo iniciativas de ampliación promovidas por países vecinos que deberían ser cuidadosamente analizadas antes de ser alentadas, como la propuesta de dragado del alto Uruguay. Previo a embarcarnos en nuevos proyectos, seamos conscientes de que nuestro país no siempre atiende de manera cabal los compromisos en materia de dragado de sus vías navegables, como ocurre en los tramos compartidos del río Paraguay o en el Pasaje Talavera, que conecta al Paraná de las Palmas con el Paraná Guazú. Paradójicamente, en otros tramos del Paraná se venía dragando y balizando de forma casi anónima, sin comunicarlo a los usuarios del sistema. Peor aún, estos trabajos se realizaban sin cobrar la correspondiente tasa por el servicio prestado, producto de la confusión administrativa y de la desidia en la que el sector fue inexorablemente cayendo. Esto ha sido así, al punto de que hoy los privados se resisten a abonarlo, pese a que, puertas adentro, todos aceptamos que el cobro del peaje es una potestad soberana del Estado Nacional y resulta esencial a los fines de financiar las obras. La resistencia al pago también prueba que los usuarios del sistema se han ido habituando a escindir a las obras de su financiamiento, cuestión que debería estar fuera de discusión en cualquier planificación racional de recursos.
En esta etapa histórica de estiaje, también cobran especial relevancia las cuestiones relacionadas con la disponibilidad del recurso hídrico. La esencia misma del Acuerdo Tripartito de 1979, negociado en épocas de abundancia de agua, debe ser cuestionada en estos tiempos de sequía. Deberíamos reformular sus parámetros hídricos para adaptarlos a estos tiempos de escasez. Pero la escasez no es solo de agua. ¿Será que el mismo país que perdió a sus grandes empresarios y se resignó a ver emigrar a sus trabajadores fluviales, aún dispone de los técnicos hídricos que supo formar entre las décadas de los 60 y de los 80?
Esta bajante histórica que transitamos nos ha hecho recapacitar sobre la función benéfica que cumplen las represas hidroeléctricas sobre las poblaciones. Entre 2020 y 2021 se las utilizó con éxito para coordinar entre Argentina, Brasil y Paraguay “ventanas de navegación” y “pulsos de agua” para alimentar a nuestras anticuadas tomas hídricas, que habían quedado al descubierto ante la sequía. Estas gestiones realizadas durante la pandemia de covid19, que no dependieron de una política pública concertada sino del esfuerzo de unos pocos funcionarios argentinos de carrera y que a pesar de su enorme trascendencia quedaron casi en el anonimato de la opinión pública, dejaron una clara conclusión: la necesidad de establecer de manera permanente un esquema de negociación “a tres bandas” entre Argentina, Brasil y Paraguay, a fin de manejar esta crisis hídrica, con el fin último de reformular los términos del Acuerdo Tripartito de 1979.
Sin dudas nuestro país tiene pendiente un debate serio y despojado de dogmatismos en lo que se refiere a las represas internacionales, máxime en estos tiempos de transición ambiental, en donde necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que impactan sobre la matriz energética argentina y priorizar fuentes limpias y renovables.
Los proyectos internacionales de Corpus, Itatí Itacorá y Garabí Panambí, han sido dejados de lado sin considerar que las represas no son únicamente importantes fuentes generadoras de energía cada vez más escasa, sino también reservorios de agua extremadamente valiosos para atenuar algunos de los efectos de las bajantes en épocas de sequías. La emergencia hídrica que estamos viendo hoy en Uruguay, puede ser sólo el preanuncio de futuros padecimientos sobre poblaciones del interior argentino.
Desde el año 2017 continúa pendiente la aprobación parlamentaria de las Notas Reversales firmadas con Paraguay, en las cuales se renegoció el Anexo C del Tratado de Yacyretá, base para proceder al ordenamiento económico y financiero de la represa más importante de la Argentina, con un impacto único en nuestra relación con el Paraguay. La falta de aprobación parlamentaria por parte de nuestro país de las referidas notas reversales (fundamentales ya que buscaban poner orden en materias básicas para operar, como costo de la energía, valor de los excedentes, compensaciones a Paraguay por los territorios inundados), sumado a las frecuentes denuncias de venta de energía argentina hacia Brasil, repetidas hasta el cansancio en medios paraguayos, podría generar un horizonte de turbulencias que llama con premura a tomar una posición mucho más activa por parte de los organismos nacionales competentes y a delinear una estrategia clara en materia de política exterior energética dentro de la Cuenca del Plata.
Nuestros ríos, amén de permitirnos navegar, regalarnos agua potable y proveernos de electricidad, son cuna de reproducción de importantes especies ictícolas. Aquí aparece otro asunto pendiente: reviste la mayor importancia proceder a una regulación seria y responsable de la pesca con nuestros países vecinos. Por increíble que parezca, con Paraguay llevamos adelante vedas de pesca asimétricas. Es decir, en una época del año dividimos al mismo río mediante una frontera virtual y, mientras de una costa rige una prohibición extractiva, de la otra se permite la pesca en forma regular. Nadie se encargó de avisar este detalle a nuestras especies ictícolas, que transitan la frontera imaginaria con total indefensión.
En estos temas, la Secretaría de Energía y otros organismos que incluyen a nuestra Cancillería, han llevado adelante un seguimiento responsable desde la Comisión Técnica Mixta del Alto Paraná (COMIP), encarado por cuadros técnicos, que supo trascender diferentes administraciones. Falta todavía mayor decisión política para plantear este asunto a Paraguay y exigirle un compromiso real con el manejo sustentable de la pesca en el Paraná, especialmente en regiones fronterizas con la provincia de Corrientes, para la cual la supervivencia de ciertas especies, como el dorado (que allí se pesca con criterio deportivo y no se lo faena de manera industrial), son emblemático sostén de su industria turística. Hemos asistido en estos días a situaciones de tensión fronteriza en las islas de Apipé, en el Alto Paraná: la temática de la regulación pesquera está en el corazón de ese conflicto.
Finalmente, hay otro tema que llama a preocupación: carecemos frente a Brasil, país con el que compartimos unos 1.200 kilómetros de frontera fluvial, de marcos normativos bilaterales que permitan acordar el intercambio de información hidrológica y el manejo de caudales mínimos, los sistemas de monitoreo de calidad de aguas y los referidos regímenes comunes de pesca y protección de especies. Como país de aguas abajo, receptores de agua, de sedimentos y también de contaminación, así como consumidores de recursos ícticos, esta carencia normativa debería alarmarnos. ¿Qué estamos esperando para sentarnos a negociar esquemas de manejo conjunto? ¿Alguien advirtió el enorme riesgo que significa carecer de instrumentos legales y depender únicamente de la buena voluntad de nuestro enorme vecino de aguas arriba?
Este panorama tan poco alentador tiene su correlato en la situación de profunda crisis institucional que en las últimas décadas viene experimentando el Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata (CIC PLATA), institución señera y fundadora de los compromisos históricos alcanzados en la región, que hoy debería velar por el diseño y la coordinación de políticas en la Cuenca del Plata. El CIC PLATA, con sede en Buenos Aires, se ha convertido en una cáscara vacía de contenido, cayendo en la más absoluta intrascendencia, justo en momentos en que la bajante histórica del Paraná requiere con la mayor urgencia coordinar la toma de decisiones entre los centros ejecutores de políticas. Claramente la Argentina, como país de aguas abajo, resulta el más perjudicado. Sólo en el Paraná, Brasil posee alrededor de cincuenta represas, mientras que son numerosos los emprendimientos mineros bolivianos sobre la cuenca y los peligrosísimos vertederos de sustancias contaminantes que constituyen una verdadera amenaza de catástrofe ambiental. Todo ello, claro, aguas arriba.
De las entrañas del CIC PLATA, en 1974, se creó en la ciudad de Buenos Aires el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata, FONPLATA. Esta institución crediticia que maneja un patrimonio de varios miles de millones de dólares, fue ideada para fomentar obras de infraestructura vitales para la Cuenca. Este año nuestro país, fundador del FONPLATA, comunicó su decisión de “cesar en la membresía al fondo”, lo cual generó un pedido de reconsideración de nuestros cuatro socios regionales, amén de varios planteos legislativos de parte de la oposición. El análisis de la salida del FONPLATA debería realizarse con extrema prudencia, no sólo atendiendo a costos financieros sino también a razones de alta política. Al abandonar la institución, la Argentina, país de aguas abajo y otrora fundadora de la arquitectura institucional de la Cuenca del Plata, continúa perdiendo participación en los organismos de gobernanza de la misma.
La carencia de rumbo por parte de un país que supo ser líder pero que ignora su propia historia, hoy se replica, en mayor o menor medida, en todos los espacios políticos de manejo hídrico y fluvial en los que nuestro país participa regionalmente. Argentina necesita urgentemente revisar las comisiones binacionales de ríos (que nos vinculan con Uruguay, Paraguay y Bolivia, dado que con Brasil directamente no disponemos del mínimo marco de gestión bilateral) y profesionalizar las delegaciones argentinas ante estos organismos internacionales, procurando alinearlas a la política exterior que llevan adelante nuestra Cancillería, el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Energía y otras agencias competentes, sanearlas administrativamente, reducir gastos innecesarios, prever una adecuada y equitativa representación de las provincias ribereñas, entre varias otras reformas.
Es hora de refundar la Argentina en muchos aspectos, no escapa a ellos la diagramación de políticas hídricas y fluviales completamente alejadas de absurdos paradigmas ideológicos que enmascaran miopes intereses sectoriales, orientadas a la logística, la eficiencia y la productividad, guiadas por una necesaria responsabilidad fiscal en beneficio de los argentinos, avanzando en próspera armonía con nuestros socios regionales, potenciándonos para crecer de manera armoniosa.
La tarea a llevar adelante es enorme. Cambiar un status quo decadente requerirá de mucho esfuerzo y de mayor valentía. Las nuevas generaciones deben tomar la posta y emprender la tarea que las actuales no quisieron o no supieron abordar, promoviendo un cambio que nos permita reasumir nuestra posición de liderazgo regional. Pero esto sólo será posible a partir del estudio de los temas, convocando a los mejores técnicos y promoviendo un debate reflexivo, alejado de falsos paradigmas. Se lo debemos a la Patria. Así, con mayúsculas.
(*) El autor es ciplomático de carrera y abogado, y actual embajador argentino en Armenia. Ex jefe delegación argentina ante el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, ante el Comité de Conservación de Recursos Icticos del Paraná, ante el CIC PLATA, ante las comisiones Binacional y Trinacional del Pilcomayo.
