La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir los casos Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (firma inmobiliaria), lo que obliga a la vicepresidenta junto a su hijo Máximo Kirchner a afrontar el juicio oral por los delitos de asociación ilícita, dádivas y lavado de dinero. Florencia Kirchner quedó sobreseída.
Además, en otra dura decisión para la ex presidenta, el mismo tribunal decidió que también se haga el enjuiciamiento oral por el Pacto con Irán, en el que Cristina está acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA.
Ahora los abogados defensores de la vice pueden acudir a la Corte Suprema para revertir los fallos adversos contra Cristina.
Con un voto unánime, el máximo tribunal penal le dio la razón al fiscal ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), Diego Velasco y a su par de la instancia superior, Mario Villar, respecto a que es el juicio oral la mejor instancia para que los acusados se defiendan.
Asimismo, ordenaron que los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg que habían firmado el sobreseimiento, sean apartados del caso y se conforme un nuevo Tribunal para el juicio.
Sólo se sabe que formará parte de él la jueza Adriana
Este lunes, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña entendieron que los casos Hotesur y Los Sauces deben analizarse en el marco de un debate oral y público. Fue después de que la Corte Suprema ordenó el cese en sus funciones de la magistrada Ana María Figueroa, quien retrasó la resolución del caso.
El ministerio Público Fiscal había sostenido que el sobreseimiento fue otorgado de manera arbitraria y que ante la existencia de los delitos atribuidos, es decir el lavado de activos, debía realizarse el juicio oral.
De esta manera, la vicepresidenta deberá afrontar otro juicio oral por corrupción con la particularidad que en estos expedientes, también está involucrado su hijo y actual candidato Máximo Kirchner. Distinta suerte corrió Florencia Kirchner a quien los camaristas no le revocaron el sobreseimiento al entender que no hubo participación alguna por su parte, en las maniobras investigadas.
Los camaristas avalaron este criterio y dieron la orden de reabrir el caso. Sin embargo, el juicio no se realizará de forma inmediata, ya que la vicepresidenta tiene una instancia más de queja para impedir comparecer frente a un Tribunal, que es la Corte Suprema.
El argumento principal de los camaristas para reabrir el caso es que no hay elementos novedosos respecto de lo resuelto durante la instrucción que justifiquen evitar que se dirima en un juicio oral y público.
Respecto a Florencia Kirchner, los camaristas sostuvieron que cuando se constituyeron las sociedades que dieron inicio a las maniobras bajo investigación, “ella tenía doce años e ingresa a las compañías tras el fallecimiento del padre“.
Asimismo, los jueces Petrone y Barroetaveña ordenaron que pese a dejar firme el sobreseimiento de la hija de la vicepresidenta, sus bienes embargados -como los más de cinco millones de dólares secuestrados de dos cajas de seguridad- deben continuar bajo tutela judicial.
En estos dos expedientes se analizaron los supuestos delitos cometidos a través de las empresas de la familia Kirchner. La primera de ellas, Hotesur, responde a los negocios hoteleros y la segunda, los Sauces, a operaciones inmobiliarias.
Durante la etapa de instrucción y en la correspondiente elevación a juicio oral se sostuvo que las compañías no tuvieron nunca una verdadera intención comercial, sino que funcionaron como “pantallas” para realizar operaciones de lavado de dinero.
El otro punto que se concluyó es que las maniobras de blanqueo se realizaron bajo una misma metodología: la simulación de alquileres, en un caso a través de los hoteles de la familia Kirchner y en el otro, de propiedades que le pertenecen a Los Sauces SA.
En ambos casos hubo un cliente en común: Lázaro Báez. Con su empresa Valle Mitre SRL, el también contratista beneficiado por el Estado alquiló el hotel Alto Calafate (propiedad de Hotesur). Para que esa compañía pudiera pagar mes a mes el contrato de locación a la familia Kirchner, su empresa Austral Construcciones SA -que tenía como único ingreso la obra pública vial- le hizo préstamos por más de 71 millones de pesos.
En simultáneo, el empresario condenado en la Ruta del Dinero K y en el caso Vialidad (en esta última causa junto a la vice) firmó diversos contratos de locación con Los Sauces a través de su nave insignia. Los fondos provenían del mismo lugar: las 51 licitaciones viales que recibió de forma irregular y con sobreprecios, como sostiene la sentencia acusatoria del Tribunal Oral Federal 2 en Vialidad.
La acusación vincula al contratista como una pieza necesaria para “devolver” a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en otro expediente -Vialidad- cuyo juicio terminó en diciembre pasado con una dura condena para Cristina, Báez y los demás acusados.
Cristina Kirchner y Máximo Kirchner se encuentran procesados por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que una acusación menor le fue otorgada a Florencia Kirchner durante la instrucción de ambas causas: sólo como partícipe de las maniobras investigadas.
En lo que concierne a estas causas por lavado de dinero donde se habrían utilizados las empresas familiares, hay otro delito atribuido únicamente a la vice: el de dádivas, por tratarse de un funcionario, en este caso la entonces presidenta de la Nación y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
Entre los imputados que comparten ambas investigaciones se encuentran Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), entre otros. El empresario Cristóbal López está acusado y enviado a juicio únicamente en el expedientes de Los Sauces, ya que era el inquilino que mayores ingresos garantizó al a firma de los Kirchner.
