Se les imputan delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y peculado.
La denuncia alega que Batakis y Barros llevaron a cabo contrataciones sin el aval del directorio del Banco Nación, incluyendo a Verónica Laura Asad, conocida como ‘Pitty, la numeróloga’, por un curso de coaching de 1.8 millones de pesos. También se menciona la designación de Héctor Javier Silva, ex marido de Silvina Aída Batakis, como Gerente de Sistemas del BNA y el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de María del Carmen Barros, en una gerencia.
Además, se investiga la autorización de Silvina Aida Batakis para que María del Carmen Barros percibiera premios que sumarían unos 9 millones de pesos y el hecho de permitir que Juan Manuel Romero, pareja de Barros, recibiera una remuneración mensual de 700,000 pesos a pesar de no trabajar activamente.
Estas contrataciones salieron a la luz en el programa Periodismo para Todos y se reveló que ‘Pitty, la numeróloga’, facturó cerca de 1.8 millones de pesos en seis meses, argumentando que ofreció servicios desde su consultorio. Batakis y Barros ahora enfrentan una investigación por estas alegaciones.
Junto con la denuncia penal, Ocaña y la diputada Laura Carolina Castets han solicitado acceso a la información pública del Banco Nación, que aún no ha sido respondida por la entidad. Asimismo, la diputada Karina Banfi ha requerido información detallada sobre las designaciones y promociones de un grupo de personas en el banco. La respuesta inicial fue una solicitud de prórroga.
