El periodista Bernardo Basombrío, quien puso al descubierto una serie de irregularidades en el Banco Nación bajo la gestión de Silvina Batakis, quien acaba de ser imputada por la Justicia, aseguró que el sindicalista y diputado nacional Sergio Palazzo es quien tiene bajo su control todos los movimientos de la entidad bancaria.
“No tengo dudas de que es así, de que Palazzo tiene el control absoluto del banco”, aseguró Basombrío en diálogo con Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Y como ejemplo citó un hecho reciente: “Hace dos semanas La Bancaria participó de una movilización a Plaza de Mayo para apoyar a Sergio Massa con lo del impuesto a las Ganancias. Quien dio la orden a los empleados del banco para que fueran a esa marcha fue Javier Jorge Peralta, quien es el subgerente de Personal, está debajo de Piantanida. Peralta tuvo la bendición de haber sido trasladado desde Córdoba el año pasado, con la categoría más baja, y desde entonces subió como un barrilete a jefe principal del departamento. Ascendió como diez escalones cuando la normativa del banco establece que la promoción de puesto es cada dos años”.
“Todas las personas que yo nombro en mi investigación están en acuerdo con Sergio Palazzo y con la gerente general María Barros, y todas tienen cargos en áreas sensibles. Por ejemplo, el hijo de María Barros maneja el área de la red de sucursales, donde se direccionan los préstamos: a quién se los dan y a quién no; y qué sucursal tiene que hacer tal o cual acción”, señaló Basombrío.
Palazzo, que es diputado nacional y secretario general de La Bancaria, según el periodista, “coloniza con gente propia áreas sensibles del banco. Tiene un acuerdo muy fuerte por su relación con Juan Manuel Romero, que es el novio de María Barros. Mediante esa línea de comunicación tan fluida y con el apañamiento de La Bancaria presionan a empleados que no se quieren suscribir, o si el sindicato necesita direccionar algún tipo de acción o darles préstamos a amigos”.
“Al tener injerencia en áreas sensibles del Banco Nación se pueden determinar los destinos de la forma que quiera –siguió–. Y esto es muy importante porque son nombramientos subterráneos a todo el lío del que estamos hablando. Porque podemos sacar a María Barros, pero la estructura sigue estando ahí. Maximiliano Piantanida, Javier Peralta, Jorge Nape, Marita Closas… hay un montón de figuras que se están prestando la firma y configurando acciones que son defraudación a la administración pública”. Y añadió: “Hay muchos parientes y en otros casos son funcionarios de carrera que no tienen más remedio que firmar”.
Luego, Basombrío contó el caso de una mujer mendocina con quien Palazzo tiene un hijo. “Palazzo tiene dos hijos varones: el primero con una mujer cuyo nombre no viene al caso mencionar, y el segundo con Laura Estela Belardinelli; y además tiene tres hijas mujeres con la actual compañera. Mis fuentes dicen que Belardinelli es una excelente empleada en la sucursal de Mendoza, con un perfil muy discreto, muy bajo. Resulta que una compañera de la sucursal donde trabaja, apoyada por La Bancaria, la denunció por violencia, diciendo que la tomó del cuello durante seis segundos. La Bancaria intimó al banco a que despidieran a Belardinelli bajo amenaza de parar todas las operaciones en la provincia de Mendoza. La denuncia fue tratada por la Gerencia de Género y ahí se muestra cómo esa asociación ilícita sirve a los propósitos que se plantea La Bancaria o María Barros para trabajar. Belardinelli fue a la Justicia y demostró que nunca tuvo contacto físico con la empleada denunciante: sólo se ve una conversación. Después del fallo judicial pudo volver a trabajar pero la cambiaron de sucursal”.
Por último, mencionó el caso de otro empleado del Banco Nación que sufrió represalias por no alinearse al sindicato. “Uno de mis informantes, al que llamo Juan para preservar su identidad, se desempeñaba en el Banco Nación en tareas de mayordomía de la casa central. Fue sometido a un sumario interno, cuya legalidad y legitimidad desconozco, promovido por cuatro denuncias presentadas por compañeros de trabajo, que están instigados y protegidos por La Bancaria con el claro fin de removerlo de su puesto. Orquestan un proceso fraudulento que le dan visos de legalidad para remover al personal que no se alinea políticamente con el sindicato”, relató.