Desde hace 20 años las tasas de mantenimiento de caminos que se cobran a quienes utilizan los accesos a los puertos de nuestra región (San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes) se paga en efectivo en las agroexpordoras. La empresa tecnológica Smart legal, desarrolló la solución, a través de su plataforma CargoPay, que permite migrar todo el billete físico que se maneja actualmente a dinero digital, con integración además de emisión de declaraciones juradas y controles estatales cruzados, que permitan a los diversos actores, tener acceso a la misma información en tiempo real
Smart Legal es una startup fundada en 2018 con el foco puesto en resolver problemas en la industria legal y aportar soluciones para sectores que necesiten normalizar procesos productivos/tecnológicos que requieran tener ordenado sistemáticamente el cumplimiento normativo que regula su actividad. Así la empresa desarrolló soluciones que permiten a compañías de todo el mundo controlar su matriz legal de cumplimiento normativo complementado con un sistema permanente de actualización y alertas. Todo ello sofisticadas técnicas de inteligencia artificial
Para lograr escalar todos los desafíos de desarrollo tecnológicos Smart Legal cuenta con el musculo tecnológico de la cooperativa de software más grande América Latina, Tecso Coop, que cuenta con más de 200 desarrolladores, ubicados en la oficina central en el Polo Tecnológico Rosario – Zona i y 5 oficinas más ubicadas en Madrid (España), Nueva York (USA), Medellín (Colombia), Concepción del Uruguay y Buenos Aires (Argentina).
La compleja y obligada tarea de cobrar en efectivo la tasas de mantenimientos de caminos en todos los distritos agroexportadores de la zona conocida como Up River es un problema que los puertos intentan resolver hace mucho tiempo. Smart Legal viene desarrollando la solución a través de la plataforma CargoPay que permite dar seguridad, agilidad y certezas al cumplimiento legal de todas las normas que las ubican _a las terminales- como agentes de percepción, rol asignado por las comunas y municipios donde están instalados sus complejos fabriles a través de sus respectivas ordenanzas.
Historia de la tasa
La delegación de esta facultad administrativa viene de larga data (más de 15 años) y tiene su origen, inicialmente en los distintos acuerdos públicos/privados entre empresas y Comunas/Municipios con el objeto de poder llevar adelante distintas obras públicas relacionadas con los accesos locales. Previo a esto, las tasas se cobraban en una precaria garita en los caminos asignados para el tránsito pesado con el fin de “mantener los accesos a los puertos”. Esto generaba grandes trastornos de control por parte de las administraciones locales. Luego, con el correr del tiempo, se impuso el formato de agentes de percepción, que permitió a las empresas encontrar una forma de adelantar fondos para la construcción y mejora de caminos, que luego eran recuperados descontando parte de lo recaudado (previamente pactado) y el saldo restante depositado en las arcas municipales o comunales. Particularmente este sistema permitió a las Empresas Portuarias radicadas Timbúes -que tenía un déficit importante en sus ingresos- reparar los accesos carentes de mantenimiento durante mucho tiempo y mejorar su calidad constructiva para evitar futuros problemas (no olvidemos conflictos con camioneros que terminaron en hechos violentos en distintas plantas) y a la Comuna mejoras sus ingresos e infraestructuras sin tener que erogar suma alguna.
Esta posibilidad fue producto de largas negociaciones durante mucho tiempo principalmente al inicio del desarrollo del polo industrial en dicho distrito. Y ello permitió que las empresas pudieran recuperar parte de los fondos asignados para reparar los caminos – que originalmente fueron de tierra y luego de escoria consolidada- que conectan la ruta 11 con los puertos actuales de dicho distrito.
En la actualidad tanto en San Lorenzo como en Puerto Gral. San Martín el cobro sigue siendo en efectivo y en cabeza de las Terminales portuarias, mientras que en Timbúes se realizan a través de una plataforma manejada, solventada y administrada por la Comuna, pese a que las empresas continúan siendo agentes de percepción. Lo que parece a simple vista -en este último caso- una ventaja que muchos defienden y festejan, puede convertirse en un problema en caso de que los caminos no tengan el mantenimiento adecuado y vuelvan a ser lo que en otrora épocas fue.-
La solución CargoPay está integrada, para la administración de los fondos recaudados por el cobro electrónico, al Banco Coinag, único banco regional con sucursales en San Lorenzo, Timbúes, Fray Luis Beltrán y Rosario, un punto central para la evolución de un hub de desarrollo tecnológico regional con emprendedores y empresas locales.
La solución tiene entre sus principales fortalezas permitir que el pago se haga en origen de forma digital o a través de diversos medios de pago para si reducir la espera de los transportistas en largas filas en épocas de cosecha, darle mayor seguridad patrimonial a la empresa como personal a sus trabajadores al no manejar efectivo en lugares y horarios de alto riesgo, reduciéndose así la posibilidad de robos a transportistas y empleados, reducir altísimos costos en seguridad privada o guardias policiales, normalizar los comprobantes de percepción para que pueda ser utilizados con fines impositivos, en esencia dar trazabilidad y control a todos los procesos que conforman el pago de la tasa.
Control y planificación inteligente
Por estos días los municipios y comunas están evaluando la posibilidad de diseñar un sistemas de detección de patentes e identificación de tipos de transportes que permitan hacer cruzamientos de controles con las liquidaciones o rendiciones entregadas por las empresas lo que podrá integrarse con las declaraciones juradas generadas por la solución de CargoPay. Este flujo total de vehículos con mapas de calor que circulan por los caminos comunales jurisdiccionales afectados al mantenimiento permite generar el planeamiento de obras.
Esto permite también a las empresas, municipios y comunas controlar en tiempo real el flujo de fondos producto de los cobros, para brindar seguridad jurídica a los agentes de percepción (las empresas) a través de la generación una declaración jurada enviada electrónicamente a la Comuna o Municipio, quien la recepcionará y aprobará para activar la transferencia de los fondos a las arcas de cada Comuna o Municipio. Esta trazabilidad permite a las agroexportadoras suprimir los grises legales en los que se encuentran actualmente y evitar en el futuro, eventuales reclamos legales por parte de las Comuna o Municipios.-
