Una octava persona fue detenida este lunes por la investigación que lleva adelante el fiscal Miguel Moreno contra una presunta asociación ilícita sospechada de haber realizado extorsiones para imponer negocios con viandas y baños químicos y coimas para la concreción de obras. Según los indicios recolectados hasta este momento, la estructura estuvo integrada, entre otros, por el secretario general de la Uocra Rosario Sergio Vergara y el jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte. La audiencia imputativa prevista para todos los sospechosos está programada para este miércoles desde las 14 en la sala 9 del Centro de Justicia Penal ante el juez Facundo Becerra.
El nuevo arrestado es Juan Pablo M. (39 años), que también pertenece al gremio de los trabajadores de la construcción, pero en la zona de Villa Constitución. Fue aprehendido en Juan José Paso al 300 (de la localidad de Empalme Villa Constitución) por la Agencia de Control Policial, fuerza de seguridad que realizó todos los procedimientos y que contó con la colaboración del recientemente creado Grupo de Empleo Táctico.
En el domicilio donde fue detenido el dirigente gremial de 39 años, los agentes incautaron 11.250 dólares, una máquina de contar billetes, 32 banderas de la Uocra, cheques y dos microchips.
Una de las curiosidades del operativo fue que el propio Juan Pablo M. es uno de los denunciantes de la causa de la asociación ilícita por la que ahora fue arrestado. Es porque se sospecha que participó en maniobras similares a las que apuntó ante la Justicia.
A la audiencia imputativa de este miércoles irán en condición de detenidos Andrés “Pillín” Bracamonte, el secretario general de la Uocra Rosario Carlos Vergara –a quien le incautaron en su casa 39 millones de pesos y 18 mil dólares– y distintas personas que tienen que ver con el gremio, como Horacio M., Carlos Marcelo “Perico” P., Cristian Raúl D., Juan Manuel E., Roque Raúl M. y Juan Pablo M. A ese listado se sumará Fernando R., que llega en libertad a la acusación.
En la casa de Bracamonte del barrio Los Álamos de Ibarlucea la Agencia de Control Policial secuestró el miércoles pasado la suma de seis millones de pesos y un sobre de papel madera de la Uocra enviado por un tal “Horacio”, que sería el coimputado Horacio M.
Según pudo saber Rosario3, se estima que la audiencia durará miércoles y jueves por el cúmulo de indicios que ventilará el fiscal Moreno, la cantidad imputados, los planteos que puedan realizar los defensores y la eventual discusión de una prisión preventiva.
En la causa todavía hay personas prófugas.
Una investigación de ocho meses
La investigación por asociación ilícita se inició por interconexión con otra causa de extorsiones y también por la denuncia radicada por un afiliado del gremio que afirmó haber sido obligado a renunciar bajo sistemáticos aprietes.
De acuerdo a datos trabajados en el expediente durante ocho meses, ya existían indicios de vínculos entre la barrabrava de Rosario Central y la Uocra, cuando por una causa de lavado de activos, el fiscal Moreno allanó en julio de 2020 a Leopoldo “Pitito” Martínez –número 2 del “Pillín” en el paraavalanchas canalla– en su casa de Villa Manuelita, donde se incautó indumentaria de Rosario Central y prendas del gremio de trabajadores de la construcción.
A su vez, en octubre pasado, cuando imputaron a la presunta organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle –segunda línea de Los Monos que está preso en Ezeiza– le atribuyeron haber mandado a balear el 15 y 16 de julio pasado las sedes de la Uocra de Santa Fe y Rosario con el objetivo de obligarlos a entregar a su estructura delictiva el negocio de viandas para afiliados en aquellos lugares donde no participaba la gente de Bracamonte, según se ventiló.
En la audiencia en la que fue acusado por un cuerpo de nueve fiscales, no pasó desapercibido que Avalle pidiera la palabra para solicitar ante los presentes que citen a declaración testimonial a Carlos Vergara y a Andrés Bracamonte.
Una de las informaciones que sobrevoló la imputación contra Avalle por esos atentados es que “Pupito” pretendía una devolución de favores, puesto que había conversaciones que fueron extraídas de celulares de miembros de su banda donde hablaban de que –por pedido de gente del gremio de la construcción– habían amenazado en reiteradas oportunidades a un secretario gremial para que renuncie a la Uocra.
