El poder de investigación del MPA son claves para entender los espirales de crecimiento de delitos menores. Un fiscal de la circunscripción del departamento San Lorenzo tiene de promedio 300 expedientes en curso, con algo más de 100 detenidos por fiscal.
Cada fiscal tiene tan sólo un secretario, para tomar dimensión, si le toca una causa complicada que implicaré la desgrabación de cientos de horas de llamadas telefónicas, son los fiscales y sus secretarios los que deben destinar ese tiempo para obtener las pruebas necesarias para las audiencias imputativas. Con esta poca estructura los casos de robos, escruches y otros delitos queden literalmente impunes haciendo que los delincuentes entiendan a las localidades del Cordón Industrial como tierra fértil para este tipo de delitos.
En las últimas semanas se produjeron escruches en algunos domicilios de la ciudad, que se suman a robos de pertenencias en los techos. Uno de los escruches quedó filmado por cámaras de la propiedad de muy buena resolución, material que está en manos de la Policía de Investigaciones organismo de seguridad que depende de las órdenes de allanamientos que emiten los fiscales para poder avanzar con el esclarecimiento de estos hechos que generan parálisis social.
La saturación de policías provinciales y federales, sumado sofisticados sistemas de seguridad preventiva son tan solo paliativos si no se mejora y dota de presupuesto y nombramientos al sistema de persecución penal. El gobierno de Maximiliano Pullaro tiene identificado este problema y viene desde su asunción en una pelea política con la Corte Suprema provincial que es el ordenador de la asignación presupuestaria por distrito. Las consecuencias de 4 años de abandono total de todo el sistema preventivo y judicial del gobierno de Omar Perotti son claves para entender que todo lo que se haga hasta una reforma integral es una manta corta.
