Graves acusaciones contra la Justicia Federal en Rosario: el fiscal Fernando Arrigo apunta contra el juez Marcelo Bailaque
El fiscal general de la Justicia Federal de Rosario, Fernando Arrigo, sacudió el escenario judicial al declarar en un reportaje con Cadena 3 Rosario que el Juzgado Federal 4 “tenía precio”. Sus palabras, dirigidas al accionar del juez Marcelo Bailaque, uno de los magistrados más antiguos del foro penal de la ciudad, desataron una tormenta política y judicial en un contexto ya marcado por la escalada de violencia vinculada al narcotráfico.
“El Juzgado Federal 4 tenía precio”
En una entrevista sin precedentes por su contundencia, Arrigo afirmó que en el juzgado liderado por Bailaque había “precio para acusados y acusadores”, insinuando que las decisiones judiciales habrían sido influenciadas por intereses económicos. “Es mucho el tiempo en el que esto sucedió”, agregó, anticipando la posibilidad de que aparezcan más denunciantes en los próximos días.
Arrigo no solo planteó un severo cuestionamiento a Bailaque, sino que también subrayó el impacto de la Justicia Federal en el deterioro de la seguridad pública: “En mi fuero íntimo, la lentitud de la Justicia Federal se relaciona con el aumento de la violencia en Rosario”.
Estas declaraciones dan cuenta de una posible red de complicidad que habría permitido que las organizaciones narcocriminales operen con impunidad en una ciudad donde la violencia se ha cobrado la vida de cientos de personas.
Una Justicia Federal bajo sospecha
El fiscal general consideró que los hechos denunciados representan “la punta del iceberg” y confió en que el nuevo sistema procesal aportará “certeza en un corto tiempo” sobre la responsabilidad de los implicados. “No debe seguir siendo juez. Y si se confirman las sospechas, que sea condenado”, expresó categóricamente, marcando una línea divisoria entre quienes buscan sanear el sistema judicial y quienes estarían comprometidos con prácticas corruptas.
Estas acusaciones colocan a Marcelo Bailaque en el centro de una polémica de dimensiones institucionales, cuestionando no solo su integridad como juez, sino también el rol del Juzgado Federal 4 en los últimos años. Este tribunal, en teoría encargado de combatir el narcotráfico, podría haber sido un factor clave en la consolidación del crimen organizado en Rosario.
Narcotráfico y complicidad: el costo de la inacción
Las palabras de Arrigo no solo representan una denuncia puntual, sino que abren una discusión más amplia sobre la relación entre las fallas de la Justicia Federal y el avance del narcotráfico en Rosario. Mientras las balaceras, los asesinatos y las extorsiones se han convertido en parte de la vida cotidiana de la ciudad, el sistema judicial parece haber fracasado en su misión de frenar la expansión de estas redes criminales.
Un llamado a la depuración judicial
El caso del Juzgado Federal 4 podría marcar un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en Rosario, siempre y cuando las instituciones se atrevan a actuar con firmeza. Para Arrigo, la solución pasa por esclarecer las responsabilidades y sancionar a los culpables, sin importar cuán alto lleguen las acusaciones. “Es la punta del iceberg”, señaló, dejando entrever que lo revelado hasta ahora es apenas el comienzo de un entramado más complejo.
El impacto de estas declaraciones es innegable. De confirmarse, demostrarían que la corrupción no solo está presente en las calles de Rosario, sino también en los despachos judiciales, erosionando la confianza pública y alimentando la sensación de impunidad.
Las próximas semanas serán cruciales para definir si estas denuncias marcan el inicio de una verdadera depuración en la Justicia Federal o si, como ha ocurrido en el pasado, quedarán sepultadas bajo el peso de la impunidad y la inacción. Mientras tanto, Rosario sigue esperando respuestas, con la esperanza de que las instituciones estén a la altura de un desafío tan urgente como histórico.
