La licitación para la nueva etapa de dragado y mantenimiento del río plantea una solución provisional que, a largo plazo, podría resultar insatisfactoria. Sin planificación estratégica, seguimos colocando parches en una estructura que amenaza con desmoronarse.
En la Europa medieval, las catedrales simbolizaban el poder económico, político y espiritual de las ciudades. Eran el edificio más grande, diseñado para albergar a toda la población circundante, y su construcción involucraba a trabajadores locales o inmigrantes que, además de levantar estas obras maestras, creaban comunidades enteras alrededor del proyecto. Este modelo fue replicado en los grandes puertos argentinos: ingenieros y arquitectos lideraron proyectos que dieron origen a localidades como Ensenada, Berisso y La Plata. Los barrios Campamento, El Farol y Nueva York nacieron como testigos del esfuerzo conjunto de especialistas y obreros.
Hoy, el dragado del río no debe entenderse como un simple trámite técnico. Dragar un río equivale a construir una herramienta para el desarrollo económico, pero sin planificación seria ni consulta a los expertos, se convierte en un riesgo para las generaciones futuras.
En el actual pliego de licitación, los valores propuestos para las tarifas (4,30 USD/TRN para las condiciones actuales, 5,20 USD/TRN para 36 pies y 6,30 USD/TRN para 39 pies) son extremadamente altos en comparación con los servicios que se prevén. Además, la ambigüedad en las condiciones técnicas y las modificaciones de último minuto, como la inclusión de los 44 pies mediante circulares, solo generan incertidumbre.
El proceso de consultas resulta otro tema preocupante: no se permite el uso de emails para clarificar dudas ni la formación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), una restricción que despierta serios interrogantes sobre la legalidad y la competitividad del proceso.
La estructura del pliego parece favorecer a Jan de Nul, una compañía con baja deuda, alta rentabilidad y una flota moderna adaptada al calado reducido. Sus dragas, de ultra baja emisión, coinciden perfectamente con los requisitos establecidos. Es imposible no preguntarse si las condiciones fueron redactadas para ajustarse a un perfil específico.
La magnitud de esta obra, estimada en 12.000 millones de dólares en 30 años, requiere un nivel de transparencia y previsión que está lejos de cumplirse. Como ciudadanos, debemos exigir que los procesos sean claros y que las decisiones respondan a los intereses de todos, no de unos pocos.
Es tiempo de que los Guardianes de la Transparencia y Competitividad rindan cuentas. La responsabilidad está en nuestras manos: ser una ciudadanía informada, valiente y consciente para transformar la realidad hacia los anhelos colectivos.
