En una medida que busca reformar profundamente el manejo de las vías navegables y puertos estratégicos del país, el gobierno de Javier Milei dispuso la disolución de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU). A través de un decreto presidencial, se creará la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico que absorberá las funciones y recursos de la AGP y de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, eliminando superposiciones y apuntando a una gestión más eficiente y transparente del sistema portuario nacional.
Un cambio estructural para terminar con los privilegios
El decreto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, establece la disolución de la AGP, señalada como un reducto de poder de la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Transporte. Desde la llegada de funcionarios vinculados al massismo y al kirchnerismo en 2020, la AGP pasó de generar un superávit de USD 28 millones en 2021 a registrar un déficit de USD 45 millones en 2023. Según el gobierno, esta transformación es esencial para cortar con décadas de desmanejo y corrupción en la gestión portuaria.
La ANPYN será la nueva autoridad portuaria nacional, con amplias facultades para regular, coordinar y planificar el uso de los puertos y vías navegables. El organismo estará encargado de fomentar inversiones privadas, reducir los costos logísticos del comercio exterior y modernizar la infraestructura portuaria bajo un enfoque estratégico.
La casta portuaria bajo la lupa
El decreto busca también desarticular la estructura que, durante años, consolidó prácticas discrecionales y opacas. Durante la gestión de la AGP, bajo el liderazgo de José Carlos Beni y Verónica Piñero, se implementaron modalidades de compra directa como la “compulsa abreviada”, cuyo límite de gasto pasó de $300 mil a $48 millones, permitiendo adquisiciones cuestionadas como simuladores 3D por USD 300 mil y la impresión de libros fotográficos por $34 millones.
A pesar de las irregularidades, varios de estos funcionarios se mantuvieron en sus cargos, incluso tras la llegada del gobierno libertario. Con la disolución de la AGP, se espera poner fin a estas prácticas y establecer un marco regulatorio más estricto.
Un modelo para el futuro
La creación de la ANPYN es presentada como un paso decisivo hacia la desburocratización y la profesionalización del sector portuario. Con una estructura simplificada y autónoma, se espera que la nueva agencia logre una gestión pública más ágil y orientada a resultados. Entre sus funciones destacadas estarán la supervisión de concesiones portuarias, la implementación de estándares tecnológicos y ambientales, y la promoción de nodos logísticos multimodales para mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.
Un golpe político con impacto económico
La eliminación de la AGP, considerada un bastión del massismo, representa también un movimiento político significativo en el marco de las reformas impulsadas por Milei. Según analistas, el éxito de esta transformación dependerá de la capacidad de la ANPYN para erradicar los vicios de la “casta portuaria” y consolidar un modelo de gestión eficiente que responda a las demandas del comercio internacional y de la economía nacional.
Con esta medida, el gobierno busca dar un mensaje claro sobre su compromiso con la reducción del gasto público y la lucha contra las estructuras que perpetúan el déficit fiscal y las prácticas discrecionales. El tiempo dirá si la ANPYN será capaz de cumplir con las altas expectativas que se han depositado en su creación.
