La inseguridad es el tema que más preocupa a la sociedad, y el reciente caso de dos delincuentes que robaron una moto y fueron liberados por la Fiscalía a las 24 horas expone las debilidades del sistema judicial vigente en la provincia de Santa Fe. Este hecho no solo pone en evidencia la realidad operativa del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sino que también resalta las dificultades que enfrentan los fiscales bajo el sistema acusatorio instaurado en 2014 durante el gobierno de Antonio Bonfatti mediante la Ley Nº 13.004.
El sistema acusatorio: un desafío para los fiscales
Desde la implementación del sistema acusatorio, los fiscales deben presentar pruebas en un plazo de entre 48 y 72 horas para realizar una audiencia imputativa que permita sostener la prisión preventiva de los autores de un delito. En el caso específico de robos sin violencia, que se enmarcan bajo la figura de hurto, los fiscales abren una causa pero, generalmente, los delincuentes no quedan detenidos, incluso cuando poseen antecedentes penales significativos.
La falta de personal y recursos es una de las razones principales de esta situación. Muchos fiscales enfrentan una sobrecarga de trabajo, con escaso apoyo de colaboradores y recursos limitados. Esto complica la capacidad de reunir pruebas contundentes en los plazos establecidos por la ley. Además, la dedicación de algunos fiscales para resolver casos complejos que afectan al colectivo social es otra variable que influye en la eficiencia del sistema judicial.
Fiscales fuera de la región y presupuesto limitado
Un punto crítico en San Lorenzo es que ninguno de los fiscales del MPA que opera en la región reside localmente. Esto genera desconexión con las problemáticas específicas del área y dificulta un abordaje efectivo de los casos.
Por otro lado, el presupuesto asignado al MPA también ha sido motivo de discusión, especialmente en el marco de la reforma constitucional que será debatida en abril tras ser habilitada por diputados y senadores. La falta de financiamiento adecuado impacta directamente en la capacidad del sistema para funcionar con eficiencia y equidad, lo que deja a fiscales comprometidos en la misma situación que aquellos que adoptan una actitud más pasiva, trabajando bajo un esquema de horario limitado.
Los delincuentes conocen el sistema
Los ladrones no son ajenos a estas deficiencias. Entienden cómo opera el sistema y saben que, en casos de delitos como el hurto, tienen altas probabilidades de quedar en libertad rápidamente. Este conocimiento les permite actuar con impunidad, convirtiéndose en un problema recurrente para la seguridad ciudadana.
En el caso de los dos delincuentes recientemente detenidos, sus antecedentes penales incluyen delitos de diversa índole, pero pese a ello, no enfrentan consecuencias inmediatas. Esta situación genera indignación en la comunidad, que ve cómo estas personas continúan libres y sembrando temor en la ciudad.
El impacto en la sociedad y el debate sobre la reforma
El caso de San Lorenzo ejemplifica las fallas estructurales del sistema judicial que afectan a toda la provincia de Santa Fe. Mientras algunos fiscales trabajan con plena dedicación, otros adoptan un enfoque más rutinario, afectando la percepción de justicia y dejando a los ciudadanos desprotegidos.
La discusión sobre la reforma constitucional podría ser una oportunidad para abordar estos problemas. La asignación de mayores recursos al MPA, la contratación de más personal y la implementación de medidas que aseguren la presencia de fiscales en las regiones donde operan son pasos esenciales para mejorar el sistema.
El robo de una moto y la posterior liberación de los delincuentes en San Lorenzo es un ejemplo claro de las deficiencias del sistema judicial en la provincia. Con un sistema acusatorio que exige rapidez en la presentación de pruebas, fiscales sobrecargados y un presupuesto limitado, el MPA enfrenta serios desafíos para cumplir su misión.
La reforma constitucional ofrece una ventana de oportunidad para implementar cambios estructurales que fortalezcan la justicia y brinden mayor seguridad a los ciudadanos. Mientras tanto, casos como este continúan dejando a una comunidad en alerta, enfrentando la impunidad de aquellos que conocen y explotan las debilidades del sistema judicial actual.
