Han pasado 13 años desde el histórico conflicto entre el kirchnerismo y el sector agropecuario en torno a las retenciones. Hoy, el panorama para el llamado “yuyito”, la soja, es sombrío. Los precios internacionales cayeron entre un 20% y un 30% en 2024, dejando a los productores en una situación económica crítica. Esta realidad llevó a Néstor Roulet, productor cordobés y exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, a publicar un desgarrador análisis en redes sociales sobre las pérdidas que enfrenta el sector.
El impacto de las retenciones y los costos
Roulet detalló en su posteo que un productor que alquila tierras y cultiva soja con un rendimiento de 35 quintales por hectárea pierde casi 80 dólares por hectárea. Mientras tanto, el Estado se lleva 473 dólares por hectárea en concepto de retenciones e impuestos. “Decime qué se siente”, inició su publicación, para luego desglosar los números:
- Ingresos totales por hectárea: US$ 1.351, considerando un precio de US$ 386 por tonelada a marzo de 2025.
- Retenciones: El 33% tributa la soja, lo que representa US$ 445,83 por hectárea.
- Ingresos netos al productor: US$ 858,77.
- Costos directos: US$ 362,44 (insumos, labores, seguros, asesoramiento).
- Costos indirectos: US$ 199,27 (cosecha, fletes, comercialización).
- Alquiler de campo: US$ 348, una práctica común en el 70% de la agricultura argentina.
Al descontar todos los costos, el margen bruto por hectárea queda en US$ -51,44. A esto se suman los impuestos al cheque y a los ingresos brutos, lo que agrava la pérdida total a US$ -78,9 por hectárea. En contraste, el Estado recauda US$ 473 por hectárea, lo que en 18 millones de hectáreas de soja representa un ingreso de US$ 7.700 millones.
El alquiler, otro eslabón en la cadena de pérdidas
En su publicación, Roulet también abordó la discusión sobre el costo del alquiler, que en su cálculo alcanza los US$ 348 por hectárea. Ante la crítica de un usuario en redes sociales sobre por qué alquilar tierras a ese precio si genera pérdidas, Roulet respondió explicando que el arrendador también enfrenta una alta carga impositiva:
- Impuesto a las ganancias: 35%, equivalente a US$ 121,89.
- Impuesto al cheque: US$ 4,17.
- Ingresos brutos y sellos provinciales: US$ 15,36.
- Impuesto inmobiliario y tasas municipales: US$ 22.
Esto deja al arrendador con solo US$ 184,58 por hectárea, mientras el Estado obtiene otros US$ 163 por hectárea en impuestos adicionales.
Un llamado al gobierno de Javier Milei
Los productores agropecuarios han intensificado sus reclamos al gobierno nacional, exigiendo la eliminación o reducción de los derechos de exportación sobre la soja, el trigo y el maíz. La crisis de rentabilidad, sumada a la falta de humedad en los cultivos y los costos crecientes, ha llevado al límite la paciencia del sector. La soja, con una capacidad de molienda ociosa superior al 40% y una superficie sembrada estancada desde hace dos décadas, enfrenta una tormenta perfecta que amenaza su viabilidad económica.
Pese a que el campo fue uno de los principales sectores que respaldó a Javier Milei en las elecciones, los productores sienten que sus demandas no han sido escuchadas. Las aceiteras, por su parte, trabajaron con márgenes de rentabilidad negativos durante todo 2024, agravando aún más la situación del sector.
El legado de las retenciones
Desde su implementación, el esquema de retenciones ha sido motivo de controversia. Si bien se argumentó en su momento que las retenciones garantizarían ingresos fiscales para el desarrollo del país, en la práctica han generado tensiones con el sector productivo y han desincentivado la expansión agrícola. La soja, el principal cultivo afectado, es el ejemplo más claro de cómo un impuesto puede frenar el crecimiento de una actividad.
La baja en los precios internacionales, la persistente sequía y las deficiencias estructurales, como la bajante prolongada del río Paraná, han exacerbado las dificultades. En este contexto, el sector agropecuario reclama medidas urgentes que permitan recuperar la rentabilidad y evitar un colapso productivo.
La disconformidad del campo y la Mesa de Enlace
Los productores también han dirigido sus críticas hacia la Mesa de Enlace, acusándola de una postura tibia frente al gobierno. Las expresiones públicas de descontento, tanto en redes sociales como en distintos medios, reflejan la urgencia del sector por obtener soluciones concretas. Sin embargo, los avances han sido mínimos, lo que aumenta el malestar entre los productores.
¿Quién será el próximo?
El título de esta nota, “Ayer vinieron por Vicentin, pero yo no era Vicentin, hoy por el rey de la soja y mañana a ¿quién le toca?”, refleja la sensación de vulnerabilidad que atraviesa el sector agropecuario. Desde los conflictos con Vicentin hasta la actual crisis de la soja, el campo se enfrenta a un escenario en el que los números en rojo son la norma, mientras el Estado sigue recaudando.
La agricultura es uno de los motores económicos de Argentina, y su debilitamiento afecta no solo a los productores, sino a toda la cadena productiva y, por ende, al país. Las políticas fiscales que ahogan al sector deben ser revisadas con urgencia si se quiere garantizar un futuro sostenible para el agro.
En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿quién será el próximo en enfrentar las consecuencias de un sistema que parece diseñado para exprimir al sector productivo hasta el límite? La respuesta, al menos por ahora, depende de un cambio de rumbo que los productores siguen esperando.
