El Decreto 37/2025, impulsado por el presidente Javier Milei, eliminó la obligatoriedad de contratar serenos de buques en los puertos argentinos, lo que desató un nuevo capítulo en la disputa entre Nación y la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. Mientras el Ejecutivo Nacional defiende esta medida como parte de su agenda de desregulación, los puertos bonaerenses gestionados por consorcios provinciales, como Quequén y Bahía Blanca, decidieron avanzar con la contratación de serenos, desafiando lo dispuesto por el Gobierno Nacional.
En el Puerto de Quequén, la presidenta del Consorcio de Gestión, Lic. Jimena López, firmó una disposición que resalta la importancia de los serenos para garantizar la seguridad de los buques amarrados, las cargas y las áreas operativas del puerto. En línea con esta postura, López recomendó continuar con la obligatoriedad de los serenos en los términos del Decreto 890/80, que regía antes de la normativa nacional.
En Bahía Blanca, el impacto del decreto se vivió de manera directa con la llegada del buque Mount Taranaki. Inicialmente, las autoridades locales ordenaron no solicitar serenos, generando una reacción inmediata de los gremios, encabezados por el Sindicato Único de Portuarios Argentinos (SUPA) y el Sindicato de Serenos. Esto derivó en una asamblea que detuvo las operaciones hasta que la agencia encargada cedió y solicitó serenos, lo que permitió reanudar la carga.
El choque entre Nación y Provincia
La decisión del Gobierno Nacional de eliminar la obligatoriedad de los serenos se fundamenta en el argumento de fomentar la libre concurrencia y reducir costos operativos en el marco de un sistema económico más eficiente. Sin embargo, esta postura choca con la visión del Gobierno bonaerense, que prioriza la seguridad laboral y operativa en los puertos de su jurisdicción.
Axel Kicillof, crítico constante de las políticas de Milei, ha señalado que medidas como esta generan desestabilización en el ámbito laboral y afectan directamente la economía local. Según los gremios, los serenos son esenciales para la vigilancia de buques y cargas, además de ser un enlace clave con la Prefectura Naval Argentina.
El Consorcio del Puerto de Quequén destacó que esta desregulación pone en riesgo no solo la seguridad portuaria, sino también el sustento de cientos de familias que dependen de esta actividad. En Bahía Blanca, el conflicto dejó en evidencia cómo la falta de consenso entre las políticas nacionales y provinciales puede generar caos operativo.
Un conflicto gremial y político
El impacto de esta medida trasciende lo operativo y se convierte en un enfrentamiento político entre Nación y Provincia. Mientras Milei y su equipo defienden la desregulación como una herramienta para reducir costos y simplificar procesos, Kicillof y las autoridades bonaerenses cuestionan los efectos sociales y laborales de estas decisiones.
Por su parte, los gremios anticipan más conflictos si el decreto sigue vigente. El Sindicato de Serenos y el SUPA ya han advertido que no permitirán la eliminación de su actividad y preparan movilizaciones para garantizar su continuidad en los puertos bonaerenses.
La incertidumbre persiste
El caso del Mount Taranaki y las decisiones del Puerto de Quequén exponen un conflicto más amplio sobre el modelo de gestión portuaria. Mientras el Gobierno Nacional busca un esquema desregulado, las provincias con jurisdicción sobre consorcios portuarios parecen ir en dirección contraria, defendiendo la obligatoriedad de los serenos como una medida clave para garantizar la seguridad.
En este clima de tensión, el futuro de la medida es incierto. ¿Podrá Milei imponer su agenda de desregulación frente a la resistencia de Kicillof y los gremios? Por ahora, los puertos bonaerenses se han convertido en el escenario de un nuevo enfrentamiento político, donde la seguridad operativa y los derechos laborales son los puntos centrales de la disputa.
