Las acciones forman parte de la Ley de Microtráfico, en vigor desde principios de 2024, que otorga a la Justicia provincial la facultad de investigar y actuar sobre el narcomenudeo. La medida fue implementada por el gobierno de Maximiliano Pullaro con el objetivo de desarticular estructuras delictivas que generan violencia en los barrios.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó que la estrategia apunta a “erradicar focos de venta de estupefacientes que, además de fomentar el consumo, provocan hechos de violencia, balaceras y homicidios en las comunidades afectadas”.
Por su parte, el fiscal César Pierantoni explicó que el último derribo se realizó tras una investigación priorizada en barrio Vía Honda, impulsada por denuncias de vecinos. “El lugar estaba vacío al momento del allanamiento, lo que permitió ejecutar la demolición y evitar que vuelva a ser ocupado por bandas delictivas”, detalló.
Desde su implementación, la Ley de Microtráfico ha permitido llevar a cabo más de 50 intervenciones en la provincia, en operativos coordinados entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Santa Fe y los gobiernos locales.
Trabajo coordinado
Más de 50 operativos de esta naturaleza lleva realizados el Gobierno de Santa Fe en toda la provincia. Se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad -que encabeza el ministro Pablo Cococcioni, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.
La inactivación y derribo de puntos de venta de droga es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.
