La empresa agroindustrial Vicentin S.A.I.C. solicitó formalmente a la Corte Suprema de la Nación que intervenga y revierta la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe, la cual dejó sin efecto la homologación de su concurso preventivo. En un recurso extraordinario federal, la firma denunció que la resolución del tribunal provincial no solo pone en peligro su continuidad, sino que además incurrió en serias irregularidades procesales, violando principios básicos del derecho concursal y el debido proceso.
El punto central de la presentación es la actuación de los ministros de la Corte santafesina Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta, quienes habrían prejuzgado la causa antes de resolverla y, a pesar de los cuestionamientos, se negaron a apartarse, decidiendo en contra de la empresa.
Un fallo que desconoce la voluntad de los acreedores
La resolución de la Corte santafesina anuló la homologación del concurso preventivo que había sido aprobada por la Cámara de Apelaciones de Reconquista. Sin embargo, Vicentin sostiene que este fallo ignora la voluntad de los acreedores, ya que el acuerdo presentado había sido aceptado por el 62% de los acreedores quirografarios, que representaban el 72% del capital adeudado.
El plan aprobado incluía:
- Un pago inicial de U$S 170 millones en dos tramos.
- Un segundo pago de U$S 127 millones al año.
- La creación de un fideicomiso para garantizar el pago de la deuda.
- La venta del paquete accionario de Renova S.A. para sostener la estructura financiera.
La Corte santafesina consideró que la propuesta violaba la igualdad entre los acreedores, al establecer categorías que generaban diferentes grados de recupero de deuda. Sin embargo, para Vicentin, esta decisión desconoce la naturaleza del concurso preventivo, donde las negociaciones entre acreedores y deudor buscan evitar la quiebra con acuerdos adaptados a la realidad financiera.
Recurso Extraordinario Federal by SL24 Portal de Noticias
Gutiérrez y Erbetta bajo la lupa
Uno de los puntos más graves del recurso presentado por Vicentin es la conducta de los ministros Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta, quienes ya habían manifestado su opinión en contra de la homologación antes de dictar sentencia. La empresa sostiene que esta actitud constituyó un quiebre en la imparcialidad del proceso y una violación del derecho a un juez imparcial.
Además, se señala que la Corte Suprema de Santa Fe había pedido el expediente del concurso en junio de 2022, sin justificación legal, y lo retuvo por ocho meses, paralizando el proceso e impidiendo la implementación del acuerdo.
El riesgo de quiebra y sus consecuencias
La decisión de la Corte santafesina pone a Vicentin al borde de la quiebra, lo que tendría un impacto directo en la economía nacional. La empresa destaca que su operación es clave para la agroindustria y la generación de divisas:
- Representa el 24% de la molienda de girasol y el 21% de soja en el país.
- Genera 1.200 empleos directos y más de 5.000 indirectos.
- Su planta en San Lorenzo opera al 30% de su capacidad, pero podría cerrar definitivamente en mayo si el fallo no se revierte.
Además, los acreedores recibirían un menor porcentaje de recupero en una eventual liquidación, ya que la estructura actual del acuerdo garantizaba pagos con activos financieros concretos.
El pedido a la Corte Suprema de la Nación
Ante esta situación, Vicentin reclama que la Corte Suprema de la Nación revise el fallo y lo anule, restableciendo la homologación del acuerdo aprobado en Reconquista. Los principales argumentos de la empresa son:
- Violación al debido proceso por parte de la Corte de Santa Fe.
- Arbitrariedad en la interpretación de la igualdad entre acreedores.
- Prejuzgamiento de jueces que no se apartaron del caso.
- Graves consecuencias económicas y sociales si la empresa quiebra.
El futuro de Vicentin ahora depende de la intervención del máximo tribunal del país. Mientras tanto, la empresa sigue operando con capacidad reducida y bajo una fuerte incertidumbre, con miles de empleos y una red de productores y exportadores que también dependen de su continuidad.
El escrito presentado por la empresa lleva la firma de dos abogados constitucionalistas Ricardo Gil Lavedra y Maximiliano Toricelli, este último dialogó en la emisora Cadena 3 Rosario en el programa que conduce el periodista Hernán Funes, la interposición del recurso suspende la decisión de la Corte Provincial, lo que significa que “en principio estaría vigente nuevamente la homologación que hizo la Corte“, aclaró el abogado. Sin embargo, el tiempo que tomará el trámite es incierto, ya que depende tanto de la Corte provincial como de la Corte nacional, aseguró Toricelli.
Audio completo de la entrevista de Toricelli en Cadena 3
