El futuro de Vicentin pende de un hilo. En la última audiencia judicial, la empresa admitió que no tiene fondos para pagar la totalidad de los salarios, lo que afecta directamente a cientos de trabajadores. Solo podrá depositar el 30% de los haberes de febrero, y el resto dependerá de la llegada de nuevos ingresos que hoy son inciertos.
El panorama financiero es crítico: se registran deudas post-concursales por más de 5.000 millones de pesos, amenazas de cortes de servicios esenciales y una falta total de liquidez operativa. A pesar de haber obtenido 3 millones de dólares en fazones de soja, girasol y etanol, los fondos no alcanzan para sostener el funcionamiento de la empresa.
Ante esta situación, la Justicia ordenó la intervención con veedores de control, designando a Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg para analizar la situación financiera y supervisar las decisiones empresariales por los próximos 120 días. Además, Vicentin deberá convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas y recuperar acreencias pendientes de cobro.
El proceso concursal, que lleva cinco años sin resolución, sigue trabado por la falta de definiciones sobre la homologación del acuerdo de pago a los acreedores. Mientras tanto, la empresa debe rendir cuentas de forma quincenal a la Sindicatura sobre sus deudas y contratos vigentes.
Con una caja en rojo, sin créditos y con una producción mínima, Vicentin enfrenta su momento más crítico desde el inicio de su crisis. La incertidumbre crece, y con ella, la posibilidad de que la empresa entre en un punto de no retorno.
