Aunque la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y el paro aceitero se levantó en la mayoría de las plantas del país, el conflicto sigue en las instalaciones de Vicentin en San Lorenzo y Ricardone, además de la planta Renopack, unidad de negocios operada por Bunge para el envasado de aceite. En el decreto del Gobierno no figura directamente el nombre de Vicentin, pero menciona a todas las empresas asociadas a CIARA, lo que generó dudas sobre su alcance.
La crisis en Vicentin se agrava. La empresa adeuda el 70% del sueldo de sus trabajadores y asegura no tener caja suficiente para afrontar los pagos debido a las dilaciones judiciales que estiraron su concurso de acreedores por más de cinco años. La única manera de obtener ingresos es prestando servicios de fazón a terceros, pero la falta de liquidez amenaza con paralizar por completo sus operaciones.
Desde CIARA, la Cámara de Industriales Aceiteros, emitieron un comunicado oficial instando a las partes a negociar y resolver el conflicto en una mesa de diálogo. Sin embargo, el panorama sigue siendo crítico y los trabajadores de Vicentin continúan en estado de incertidumbre, sin certezas sobre el pago de sus salarios.
Con la agroindustria parcialmente normalizada, pero con Vicentin aún bloqueada, el conflicto sigue escalando y podría derivar en nuevas medidas de fuerza en los próximos días. La falta de una solución concreta mantiene en vilo a cientos de familias que dependen de estos ingresos para subsistir.
