En la tarde de ayer, Vicentin decidió cerrar todas sus plantas industriales y retirar a todo su personal. La decisión fue tomada en una reunión interna del directorio, luego de que el director independiente Estanislao Bougain confirmara lo que ya se temía: no hay fondos para pagar los sueldos de marzo ni para afrontar los costos básicos de funcionamiento, incluyendo el suministro eléctrico.
Es el peor de los desenlaces para una historia que hace tiempo venía escribiéndose con tinta negra. El propio Bougain lo había advertido en múltiples entrevistas públicas: sin la homologación del concurso preventivo y sin la llegada de los socios estratégicos –Bunge, ACA y Viterra–, la continuidad de la empresa era inviable.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de no homologar el concurso y derivar el expediente a la Cámara de Rafaela fue un golpe que dejó a Vicentin sin el tiempo ni los recursos para sostener su operatividad. Cualquier alternativa de oferta alternativa o cramdown requería entre 6 y 8 meses de trabajo y acuerdos con acreedores, algo imposible de sostener sin el ingreso de materia prima para los fazones.
El escenario terminó de colapsar con el duro revés judicial en Rosario, donde fueron detenidos cuatro directores acusados de administración fraudulenta. Tres de ellos eran quienes operaban en el día a día de la firma, garantizando el vínculo con proveedores y socios. Sin conducción y sin caja, la empresa entró en parálisis total.
El cierre impacta de lleno en la ciudad de San Lorenzo y el nodo norte agroindustrial de Avellaneda, pero el temblor alcanza a toda la cadena productiva. Hoy, más de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos están en riesgo, y la histórica firma santafesina –que supo estar entre los grandes exportadores de granos del país– atraviesa su día más oscuro.
El cierre de las plantas se formalizó pocas horas después de un movimiento que generó alarma entre los trabajadores: un embarque de granos que debía salir desde el puerto de Vicentin en San Lorenzo, finalmente fue despachado desde las instalaciones de Bunge en Puerto General San Martín. Ese cambio de último momento fue interpretado como una señal clara de que algo se estaba rompiendo.
SL24 fue testigo de cada instancia del extenso concurso de acreedores de Vicentin, que ya lleva cinco años y medio. Desde el inicio del proceso, este medio siguió de cerca cada etapa: las distintas resoluciones judiciales, las advertencias del gremio aceitero, la retirada progresiva de los socios estratégicos y la falta de una salida jurídica clara que permitiera sostener el funcionamiento de la compañía. El apagón industrial de hoy es la consecuencia directa de una serie de decisiones postergadas.
Y en ese silencio que hoy reina en las fábricas cerradas, el mayor ruido es el de una provincia que no supo o no quiso evitarlo.
