En la Comuna de Pueblo Irigoyen reina la preocupación. A poco más de un año de asumir, la presidenta comunal Natalia Samaniego protagoniza una crisis política e institucional sin precedentes en la pequeña localidad del departamento San Jerónimo: tras una fuerte interna con el tesorero Pablo Toledo, perdió la mayoría en la comisión comunal y sus pares denuncian que desde entonces evita “sistemáticamente la realización de las reuniones reglamentarias”.
La situación se desató luego de un grave hecho: el robo de unos 3 millones de pesos de la caja de Santa Fe Servicios, que funciona en el edificio comunal. A partir de ese episodio, estalló la relación entre Samaniego y Toledo, quienes habían llegado al poder juntos, venciendo en las elecciones a Ovidio Falco, el tercer integrante de la comisión. El escándalo por el dinero desaparecido provocó acusaciones cruzadas que terminaron con la ruptura de la alianza.
Con la presidenta comunal en minoría (2 votos contra 1), la respuesta fue el bloqueo: desde hace semanas, Samaniego evita que se realicen las reuniones de comisión comunal, justificando por escrito las ausencias en notas internas que presentó.
La tensión política en la Comuna escaló aún más cuando Natalia Samaniego decidió no presentarse a la reunión de Comisión prevista para el 25 de marzo. Mediante una nota oficial, fechada el 21 de ese mismo mes, justificó su ausencia por “gestiones en la localidad de Cañada Rosquín”, una explicación que fue desde los pasillos de la comuna fue interpretada como una excusa para evitar el encuentro, sabiendo que ya no contaba con mayoría dentro del cuerpo. Ante esa situación, los otros dos miembros de la Comisión, Pablo Toledo y Ovidio Falco, sesionaron de todos modos y dejaron constancia en un acta oficial que la reunión se realizó conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Comunas, pese a la ausencia de la presidenta.
En esa misma acta, revocaron el poder otorgado al abogado Federico Vinciguerra —quien venía representando legalmente a la Comuna— y designaron como nuevo apoderado al Dr. Javier Cruz Schuster. También ordenaron la entrega de la documentación correspondiente en un plazo de cinco días. Además, señalaron que desde el episodio del 11 de octubre de 2023, cuando se denunció la desaparición de tres millones de pesos de la caja de Santa Fe Servicios, no se realizó ningún arqueo ni rendición de cuentas para determinar el destino del dinero. Por eso, resolvieron que a partir de ahora se lleve un control diario de los fondos que ingresan.
Mientras tanto, la parálisis política genera preocupación entre los trabajadores de la Comuna, que perciben un clima de tensión y desorden interno. También hay temor entre proveedores, quienes advierten señales de alerta ante una posible ruptura en la cadena de pagos.
