En medio de una semana clave para la continuidad de Vicentin, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald “Coco” Báscolo, se reunió en Reconquista con el juez del concurso, Fabián Lorenzini, para manifestarle la postura del gobierno provincial: la empresa no puede salir adelante con las plantas cerradas.
“La salida a esta crisis no es con las plantas paradas. Si no se retoma la actividad productiva, Vicentin va directo a la quiebra”, sostuvo Báscolo en declaraciones radiales a Aire de Santa Fe, y remarcó que hay interés de empresas en seguir trabajando, pero la falta de garantías y la desconfianza generada tras las detenciones de cuatro exdirectivos impiden avanzar en nuevos contratos.
El funcionario explicó que las plantas de Avellaneda y Ricardone estaban operativas hasta el cierre decretado por los propios directivos. En el caso de Avellaneda, había contratos de etanol asegurados hasta fin de año. Ricardone tenía girasol para moler hasta mayo. “No se entiende la decisión de frenar toda actividad”, dijo.
También fue tajante al explicar por qué San Lorenzo permanece inactiva: “Allí el problema es conseguir fazones de soja en volumen suficiente. Pero eso no justifica parar toda la compañía”.
Báscolo sostuvo que el conflicto no solo afecta a los más de 1.060 trabajadores directos, sino a toda una red de empleo indirecto que depende del funcionamiento de Vicentin. Además, reveló que la empresa acumula un pasivo postconcursal cercano a los 10.000 millones de pesos.
“El problema es que hoy los fazoneros no están dispuestos a seguir poniendo plata si no hay garantías de que los fondos van al pago de sueldos, energía, seguros, RT. Es una cuestión de confianza. Si eso no se recupera, no hay salida posible”, insistió.
En esa línea, propuso alternativas urgentes como la venta de activos menores de la empresa para generar liquidez, con autorización judicial y acompañamiento del directorio. También pidió levantar cautelares impuestas desde la Justicia penal para poder disponer de esos bienes.
“Sabemos que la cuestión judicial llevará tiempo, pero cada día que pasa con las plantas paradas complica aún más la situación. La responsabilidad es de todos. El Estado va a acompañar, pero no puede reemplazar a quienes deben garantizar el funcionamiento”, concluyó.
Con estas definiciones, el ministro se suma al llamado de los gremios, del intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, y del propio gobernador Maximiliano Pullaro, quien ayer aseguró: “El Estado va a estar presente para lo que los trabajadores necesiten”. La pelota, una vez más, quedó del lado de la Justicia y los empresarios.
