La decisión se fundamenta en el agravamiento de la crisis financiera y operativa que atraviesa la compañía, la falta de acción del Directorio frente a la parálisis industrial, el crecimiento desmedido del pasivo postconcursal y el abandono de sus principales socios estratégicos: Bunge, Viterra y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas).
Una crisis sin control
Según detalla la resolución, desde diciembre de 2024, Vicentin experimentó un aumento constante de su deuda postconcursal, que ya supera los 30.000 millones de pesos. Además, no dispone de caja para afrontar salarios ni cargas sociales, y su planta de San Lorenzo —clave para la operación portuaria— no cuenta con el mantenimiento técnico básico para la campaña de soja 2025.
Los informes de la sindicatura y veeduría judicial revelaron, además, la pérdida de confianza por parte de sus socios estratégicos. Bunge, Viterra y ACA dejaron de enviar materia prima a procesar, incumpliendo los contratos de fazón que habían sido la base del plan de continuidad. Esto provocó un efecto dominó: sin molienda, no hay ingresos, sin ingresos no hay salarios, y sin actividad, se detiene la logística y el comercio.
Una decisión de fondo
Ante ese escenario, el juez Lorenzini resolvió desplazar a los tres directores actuales de Vicentin:
- Daniel Foschiatti
- Carlos Sartor
- Fernando Estanislao Bougain
Y en su reemplazo, designó como interventores societarios al CPN Andrés Shocrón y al Dr. Guillermo Nudemberg, quienes ya venían actuando como veedores del proceso y ahora tendrán todas las facultades del Directorio, incluidas la administración de activos, celebración y rescisión de contratos, reorganización de la estructura empresarial y disposición de recursos locales y en el exterior.
El objetivo, según la resolución judicial, es triple:
- Prevenir la destrucción de valor y daño económico
- Proteger la empresa económicamente viable
- Evitar una quiebra desordenada que arrastre fuentes de trabajo y activos estratégicos
Servicios esenciales garantizados
Además, Lorenzini dictó una tutela inhibitoria de carácter anticautelar, mediante la cual prohíbe a empresas de servicios públicos y privados —como EPE, Cammesa, prestadores de seguridad, telefonía, transporte, seguros y operadores portuarios— interrumpir o cortar la provisión de servicios esenciales a las plantas industriales, oficinas y unidades de negocio de Vicentin.
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También alcanza al Estado Provincial y Nacional, ordenando que no se tomen medidas cautelares sobre activos, cuentas o fondos de la empresa que resulten indispensables para su funcionamiento, aun cuando existan deudas exigibles con ARCA, API o municipios.
Un giro dramático con impacto regional
El fallo tiene impacto directo en las plantas industriales de Avellaneda, Ricardone y San Lorenzo, donde se concentran operaciones clave en molienda de soja, bioetanol y logística portuaria. También protege los contratos con terceros, como Buyanor SA y Bioenergías Agropecuarias, que venían alertando sobre la parálisis productiva y los riesgos de siniestros ante la falta de mantenimiento en silos, calderas y celdas.
Durante la audiencia del 11 de abril, representantes de la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias ofrecieron propuestas concretas para reactivar la actividad industrial, ingresando materia prima y fondos para pagar sueldos. Pero el Directorio se mantuvo inactivo.
Por eso, el juez consideró que hubo falta de diligencia, previsión y gestión por parte de los directores, y que el riesgo de una quiebra por inanición es real y cercano.
Próximos pasos
Los interventores deberán presentar en 10 días un plan de acción detallado, diagnóstico de situación y listado de prioridades urgentes. También podrán conformar equipos de trabajo y reabrir canales de diálogo con proveedores, acreedores y nuevos socios comerciales.
La medida es prorrogable y deja en suspenso los haberes de los directores desplazados, quienes deberán colaborar activamente con los interventores y la sindicatura durante la transición.
