En la última semana, 330 embarcaciones ingresaron a los puertos de la región y solo una agencia solicitó el servicio. El resto pasó de largo. Las consecuencias se sienten en decenas de familias de San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes, donde serenos con años de oficio hoy enfrentan cuadros de depresión y angustia, sin poder afrontar los gastos básicos de vivienda, salud o educación de sus hijos.
Una decisión nacional con impacto local
La medida del Ejecutivo nacional eliminó de manera sorpresiva la obligatoriedad del servicio de sereno a bordo, una función históricamente asociada a la prevención de robos, abordajes ilegales o incidentes ambientales mientras los buques están amarrados en puerto.
El resultado fue inmediato: los armadores dejaron de contratar el servicio y las agencias dejaron de llamar a los trabajadores, que pasaron de la actividad plena a un escenario de desempleo masivo, sin preaviso ni transición.
Reclamo en los Concejos y un proyecto de ley en camino
Ante la falta de respuestas, los serenos comenzaron a organizarse y, en los próximos días, presentarán pedidos formales de apoyo a los Concejos Deliberantes de San Lorenzo y Puerto General San Martín, con el objetivo de visibilizar la crisis y obtener respaldo institucional.
“Los estamentos locales son siempre los primeros escritorios donde llegan estos reclamos, aunque la solución real está en la Casa Rosada”, aseguraron voceros del sector. Desde el gremio que los agrupa, indicaron que ya se está trabajando en un proyecto de ley provincial o regional que establezca criterios básicos para la continuidad del servicio como herramienta de seguridad portuaria.
La iniciativa buscará reinstalar la figura del sereno como actor estratégico en la logística fluvial, garantizando fuentes laborales y protocolos de vigilancia que hoy fueron desmantelados.
Un rol estratégico olvidado
Los serenos de buques cumplen una función crítica pero invisible en la cadena portuaria. Su trabajo —que incluye vigilancia nocturna, control de accesos y reportes preventivos— es clave para evitar desde hurtos hasta incidentes mayores en buques de gran porte cargados con commodities, combustibles o químicos.
Con la nueva normativa, todo ese resguardo quedó a discreción del armador o del capitán del buque. “Y la decisión siempre es la más barata, no la más segura”, advierten desde el sector.
Una crisis humana que golpea en silencio
Detrás del conflicto, hay historias personales que duelen: trabajadores con más de 20 años de oficio que hoy no saben cómo pagar el alquiler, jóvenes que se estaban formando en el área y quedaron en la calle, y familias enteras empujadas al límite por una medida que no contempló el impacto social.
“Queremos trabajar. No estamos pidiendo subsidios, estamos pidiendo que se respete una función que garantiza seguridad en los puertos más importantes del país”, expresó uno de los delegados.
Sin norma nacional, sin ingresos y sin horizonte claro, los serenos de buques del Cordón Industrial encaran una pelea desigual por su subsistencia.
La región vuelve a ser el epicentro de una puja entre decisiones del centro y realidades del interior profundo.
