En su presentación, Nudenberg fue contundente: el corte realizado sin previo aviso “puso en serio riesgo la seguridad de bienes y personas” y calificó el accionar de la cooperativa como “intempestivo, irresponsable y reñido con las más mínimas pautas de buena fe y prudencia”.
Riesgo de explosión y de incendio
El funcionario explicó que la interrupción del suministro eléctrico, ocurrida a las 9:10, generó un escenario crítico dentro de la planta industrial:
- Se pudo haber producido el vaciado de las calderas de agua, lo que, sin refrigeración, pudo causar una explosión.
- Además, las columnas de destilación ventearon alcohol, elevando aún más el riesgo de incendio y siniestro ambiental.
“Afortunadamente, el personal de la empresa logró mitigar y controlar estos riesgos a tiempo”, destacó Nudenberg.
El suministro fue finalmente restablecido alrededor de las 11:15, luego de gestiones realizadas por los abogados de la intervención.
Acusación de incumplimiento deliberado
El interventor fue más allá en su informe: sostuvo que la CSPA estaba en conocimiento de la medida cautelar dictada por Lorenzini —que prohibía expresamente cortar servicios esenciales—, y pese a ello actuó de forma contraria.
Como prueba, Nudenberg aportó mensajes de audio enviados por el presidente de la CSPA, Carlos Rodolfo Nóbile, en los que reconoce estar al tanto de la resolución judicial.
Además, recordó que Nóbile había solicitado una reunión con los interventores para el viernes 25 de abril, demostrando que había comunicación previa y conocimiento efectivo del alcance de la medida.
“No podemos descartar una conducta dolosa”, remarcó Nudenberg en su escrito al juez.
Por eso, pidió que se dé vista a la justicia penal para que evalúe posibles responsabilidades por el incumplimiento de una orden judicial y el riesgo generado sobre activos y personal de la empresa concursada.
Un conflicto que escala
Este nuevo capítulo se suma al fuerte reclamo que hizo público la cooperativa, que advierte que la deuda de Vicentin pone en peligro su propia viabilidad económica. Desde la CSPA sostienen que no fueron consultados antes de la cautelar y que sostener el servicio sin pago amenaza los puestos de trabajo de sus casi cien empleados.
La tensión entre la intervención judicial, la cooperativa de servicios públicos y la Justicia provincial crece, mientras el futuro de la planta de Avellaneda —y de toda la operatoria de Vicentin— pende de un delicado equilibrio.
