Los últimos meses fueron muy difíciles para las familias de trabajadores que integran el universo de empresas del Grupo Vicentin. Incertidumbre, rumores y decisiones judiciales contradictorias pusieron en jaque la estabilidad de cientos de hogares. Sin embargo, en esta etapa se impone una certeza por sobre cualquier tecnicismo legal: las plantas están activas y los sueldos están garantizados por al menos seis meses.
Este alivio no proviene de los tribunales, sino de un acuerdo operativo entre los interventores judiciales, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, el sindicato y un grupo de empresas que decidió aportar materia prima para sostener el funcionamiento. Se trata de un sistema de fasones ya comunicado al juez de la causa, que permite ingresar más de 500 mil toneladas de soja y girasol para su procesamiento en San Lorenzo. El esquema, que involucra a ACA, Viterra, Bunge, Molinos Agro, Dreyfus, Cargill, Grassi y Unión Agrícola de Avellaneda, garantiza continuidad productiva más allá del curso judicial del concurso.
El camino de la producción y el de la justicia transitan hoy por andariveles distintos. Mientras la Cámara de Apelaciones de Rafaela confirmó el rechazo a la homologación, la actividad industrial se sostiene sobre contratos que superan el plano procesal y que aseguran la operación hasta, al menos, fin de año.
Uno de los factores clave para que este engranaje funcione fue la intervención del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, conducido por Roald “Coco” Bascolo. Fue el funcionario que tomó la decisión política de abrir una mesa de diálogo por fuera de los estrados judiciales y lograr consensos mínimos para sostener la paz social. La gestión incluyó negociaciones con las empresas interesadas, con la intervención judicial y con los representantes gremiales.
El otro factor fue la predisposición del gremio aceitero y de todos los trabajadores, que decidieron continuar con sus tareas a pesar de la modalidad de cobro fraccionado de los salarios. Este nivel de compromiso fue determinante para sostener las operaciones durante los últimos meses más críticos.
Mientras tanto, la batalla legal sigue. Vicentin presentó una queja ante la Corte Suprema de la Nación para que se revise el rechazo de la homologación por parte de la Corte de Santa Fe. Pero ese desenlace será a largo plazo.
Hoy, lo urgente es preservar el trabajo. Y eso se está logrando con acuerdos concretos, voluntad política y compromiso de los trabajadores.
El concurso de Vicentin está lejos de terminar, pero hay un objetivo común que ordena las prioridades: sostener la empresa, proteger los puestos de trabajo y garantizar ingresos. Y ese objetivo, por ahora, se está cumpliendo.
