La historia de la draga Mendoza 259-C, propiedad de la Administración General de Puertos (AGP), llega a su capítulo final: será desguazada tras años de abandono y deterioro, ante los riesgos que representa tanto desde lo ambiental como lo estructural. La resolución se formalizó a través de una licitación lanzada por la propia AGP, que dispuso su remoción definitiva del puerto de Mar del Plata.
El caso comenzó a ganar visibilidad pública en 2017, cuando Jorge Metz—entonces Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación—impulsó una denuncia judicial por presuntas irregularidades en las reparaciones de la draga, realizadas en el astillero SPI. La causa recayó en la Fiscalía Federal de Mar del Plata a cargo de Juan Manuel Pettigiani, quien solicitó una batería de pruebas para investigar contrataciones sospechosas.
En aquel momento, el Estado había desembolsado más de 16 millones de pesos para poner en condiciones operativas a la Mendoza 259-C. El contrato incluía trabajos de mejora en el casco, hélices, sistemas hidráulicos, grúas y propulsión. Pero el resultado fue desalentador: la draga jamás volvió a prestar servicios reales, y los informes técnicos posteriores advirtieron sobre su estado crítico.
En lugar de reactivar la flota estatal, la Mendoza 259-C quedó amarrada, degradándose año tras año, mientras los expedientes se apilaban y la gestión pública ignoraba su destino. Hoy, casi una década más tarde, se anuncia su final: desguace total, descontaminación y disposición como chatarra.
Construida en 1955, la draga fue protagonista de múltiples obras de mantenimiento en puertos argentinos. Pero en las últimas dos décadas fue más noticia por su deterioro que por su utilidad. Sobrevivió a gobiernos de distintos signos, pero no al abandono sistemático ni a la ausencia de una política portuaria seria.
El caso sintetiza buena parte de los males del Estado argentino: inversión sin planificación, gestión ineficiente y pérdida del capital público. Se pagó por arreglarla, no se usó, y hoy se paga para desguazarla. Todo en un ciclo sin resultados, donde los únicos beneficiados fueron los que cobraron contratos que no sirvieron para nada.
La Mendoza 259-C se va, pero deja una lección que nadie parece haber aprendido.
