LLos contratos fueron presentados el 26 de mayo, aceptados por el juzgado al día siguiente, y habilitan formalmente a la compañía concursada a volver a operar sus unidades fabriles más potentes, incluyendo la planta de extracción de aceite de soja más grande del país, ubicada en la ribera del río Paraná en jurisdicción de San Lorenzo.
Entre las empresas que firmaron acuerdos de fasonado figuran:
- CARGILL SA
- BUNGE SA
- VITERRA SA
- A.C.A. CL (Asociación de Cooperativas Argentinas)
- LDC ARGENTINA SA (Louis Dreyfus Company)
- MOLINOS AGRO SA
- COMMODITIES SA
- Unión Agrícola de Avellaneda (suma al Girasol Soja para San Lorenzo)
- Ammagi SA (Girasol para la planta Ricardone)
Se trata de los jugadores más relevantes del negocio aceitero, agroexportador y portuario de la Argentina, que ahora utilizarán las plantas de Vicentin para procesar sus propias materias primas, bajo condiciones previamente pactadas con los interventores.
Qué dicen los contratos: toneladas, márgenes y movimiento de puertos
Según se desprende del expediente judicial (CUIJ 21-25023953-7), los contratos incluyen “tonelajes, precios, plazos de procesamiento, subproductos y condiciones de transporte”, tanto para las materias primas que ingresan como para los derivados industriales que se despachan luego.
En todos los casos, se detallan las calidades exigidas, el uso de los muelles de carga y descarga, la logística interna de las plantas, y los márgenes de uso comercial que se reservan las empresas contratantes. También se incluye el uso de almacenamiento intermedio y los procedimientos de pesaje y certificación.
La terminal portuaria de San Lorenzo, una de las más importantes del país, volverá a operar al servicio de los gigantes del comercio exterior, aunque sin que Vicentin coloque un solo grano propio. Todo lo que se procese será insumo de terceros.
Avellaneda sigue con contratos de maíz: sin novedades de expansión operativa
Si bien la atención del expediente judicial está centrada en la reactivación de San Lorenzo y Ricardone, el nodo norte de Avellaneda continúa funcionando bajo contratos previos de fasonado de maíz, que aún están vigentes. No se informaron nuevos acuerdos de procesamiento ni ampliaciones hacia soja o girasol para esa planta.
Aunque la operación no está paralizada, persiste la preocupación por su sostenibilidad en el tiempo, especialmente por las deudas postconcursales y la delicada situación energética que depende de una cooperativa local.
La resolución de Lorenzini: los contratos son válidos y ejecutables
El juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, resolvió que los contratos firmados por los interventores judiciales son “actos de administración ordinaria” y que no requieren aprobación judicial adicional para entrar en vigencia.
“Resulta evidente que los contratos puestos en consideración de este Juzgado concursal son actos de administración ordinaria, correspondientes al giro normal de esta sociedad”, afirma el fallo.
“Han sido concertados por los funcionarios que actualmente representan a la sociedad concursada válidamente”, añade.
Lorenzini remarcó que las cláusulas pactadas son coherentes con el mercado actual y aseguran la continuidad operativa de la empresa, lo que resulta “muy relevante para avanzar en un difícil proceso de transición”.
Además, resolvió que los contratos se agreguen al expediente para conocimiento de los acreedores, el comité y la sindicatura, y solicitó a los interventores informes periódicos sobre la ejecución y cumplimiento de lo pactado.
¿Alivio real o sólo sobrevida operativa?
Si bien los contratos permiten reactivar las instalaciones y generar ingresos por uso industrial, Vicentin no es propietaria del grano ni de los subproductos. Los contratos no implican recomposición de capital de trabajo, ni pago de deudas concursales, ni mucho menos salidas del default.
Es, en todo caso, una forma de alquilar su infraestructura a cambio de mantenerse viva. Una sobrevida operativa necesaria, pero muy lejos de una solución de fondo.
El trasfondo judicial y la presión de los acreedores
La medida llega en un momento clave del proceso judicial. Vicentin aún espera definiciones de la Corte Suprema provincial sobre la validez del cramdown, mientras el comité de acreedores se mantiene expectante ante cualquier signo de reactivación o incumplimiento.
Los contratos de fasonado pueden funcionar como una muestra de que hay viabilidad operativa, y permitir que el juez y la sindicatura extiendan los plazos de evaluación del concurso. Pero si no hay ingresos genuinos, ni plan para ampliar Avellaneda, la sensación de agonía contenida se mantiene.
El regreso
Con esta movida, los grandes jugadores del agro vuelven a poner un pie en las instalaciones de Vicentin, aunque bajo un modelo claramente distinto: ellos controlan el insumo, el proceso y el producto final. La empresa, en cambio, sólo ofrece capacidad instalada y mano de obra.
¿Es esto un plan de salvataje? ¿Un uso oportunista? ¿Un testeo para una futura adquisición conjunta? Todo eso sigue en discusión. Lo que está claro es que, al menos por ahora, la planta de San Lorenzo vuelve a moverse. Y eso, en esta etapa del proceso, ya es una noticia.
