El proceso de cramdown en Vicentin entró en una etapa decisiva con el inicio del período de búsqueda de conformidades de los acreedores frente a las ofertas de pago presentadas por las empresas participantes. Para disputar el control de la compañía, cinco jugadores depositaron más de 1.100 millones de pesos: Molinos Agro en conjunto con Louis Dreyfus Company, Bunge, Grassi SA y la Unión Agrícola de Avellaneda.
La semana pasada se conoció la valuación oficial de los activos de Vicentin, elaborada por un estudio contratado por la justicia, con un resultado contundente: la empresa vale menos de un tercio de su deuda. Ese informe fue clave para dimensionar el desafío que enfrentan los interesados en asumir el control. Leé más en esta nota de SL24.
Tras esa noticia, Grassi SA fue el primero en mover fichas en el tablero. A través de los medios de comunicación, la firma que lidera Mariano Grassi dejó trascender que avanza en conversaciones con Cargill, la mayor operadora global del negocio agroexportador. Según publicó Rosario3, “el grupo viene ultimando los detalles de una oferta de pago a los acreedores que promete ser muy conveniente y superadora”. El entendimiento con Cargill busca cubrir el punto más débil de los cerealistas locales: la necesidad de una espalda financiera de magnitud y el know how en comercio exterior que solo grandes multinacionales pueden aportar.
Mientras tanto, el resto de los interesados también trabaja intensamente en el diseño de sus propuestas y, sobre todo, en la carrera por lograr las conformidades de los acreedores pequeños, clave en este proceso. Ese fue precisamente el flanco que Vicentin había utilizado para avanzar en su momento con la dolarización de la deuda y el pago total a acreedores granarios con deudas de hasta 30 mil dólares, estrategia que permitió acumular adhesiones pero que derivó en la queja judicial de Commodities SA ante la Corte Suprema de Santa Fe, alegando que el acuerdo perjudicaba a los grandes acreedores.
El tablero del cramdown refleja la magnitud de la disputa: de los cuatro gigantes globales de la agroexportación, tres ya están metidos de lleno en la pelea por Vicentin. El ABCD de la industria mundial —ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus— tiene a tres de sus integrantes posicionados en la definición por los activos de la compañía santafesina, que lleva más de cinco años en concurso de acreedores en un proceso judicial que quedará como una mancha para la historia por su lentitud y complejidad.
A este escenario se suma otra incógnita institucional: la queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la homologación de la propuesta que había presentado la propia Vicentin. ¿Qué pasaría si el juez Fabián Lorenzini acepta alguna de las ofertas como ganadora y el máximo tribunal del país decide avalar esa homologación? Una pregunta que nadie en el mercado se anima a responder, pero que desnuda el nivel de riesgo país con el que deben convivir las empresas en la Argentina.
En paralelo, los complejos industriales de Vicentin esperan definiciones urgentes. La falta de inversión en áreas sensibles preocupa al gremio aceitero, que advierte sobre la posibilidad de siniestros en instalaciones críticas, como las de extracción por solvente. El mantenimiento se ha vuelto impostergable y la indefinición judicial y empresarial solo agrava la situación.
La etapa de las conformidades ya comenzó. El tiempo corre y los jugadores, finalmente, empezaron a mostrar sus cartas.
