Acosta, condenada en 2019 por narcotráfico y conocida como vocera de familiares de presos, fue imputada por haber organizado un autoatentado en su contra, según reveló Socca en declaraciones a Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario. La hipótesis de la fiscalía es que la mujer buscó instalar la sospecha de una represalia policial a raíz de sus denuncias sobre corrupción, con el objetivo de presentarse como víctima de la policía y la política.
“El caso es inédito en mis 20 años de experiencia. Nunca vi algo con estos ribetes”, afirmó Socca, quien explicó que incluso se debió crear un nuevo registro informático para imputar a una persona inicialmente considerada víctima. Durante la audiencia se presentaron audios donde barras de Newell’s discuten cómo Acosta planeaba desligar a miembros de la barra de cualquier implicación en la balacera. Las pruebas contradicen de plano su relato: mientras ella hablaba de dos hombres en un auto, los atacantes eran en realidad dos jóvenes en bicicleta, uno de ellos menor de edad.
En paralelo a estas revelaciones judiciales, Acosta inició 24 horas antes de su detención en San Lorenzo una serie de apariciones radiales con un discurso cargado de denuncias sin pruebas. En una FM local identificada con la oposición política, llegó a afirmar que “era mejor que la ciudad tenga cabarets y whiskerías”, una definición que generó fuerte rechazo social y político. El raid mediático se interpretó como un intento de instalar en la agenda pública acusaciones falaces y relatos distorsionados, justo en un momento en que avanzan investigaciones judiciales sensibles en la región.
Para la fiscalía, la maniobra de Acosta encuadra en una estrategia más amplia de desestabilización y construcción mediática de denuncias falsas, en la que confluyen intereses de sectores del crimen organizado y actores vinculados a la política. “No es una cuestión de colores, sino del rédito económico que significa pertenecer a estas organizaciones criminales”, explicó Socca, al recordar además la puja de poder que dejó la muerte de Andrés “Pillín” Bracamonte, exjefe de la barra de Rosario Central.
El dato político que queda sobre la mesa es que, a tan solo 24 horas de su raid mediático en San Lorenzo, Acosta fue detenida. Su caso marca un precedente sobre cómo las denuncias sin sustento, amplificadas en medios, pueden formar parte de un plan de manipulación pública que luego se enfrenta a la contundencia de las pruebas judiciales.
