La Municipalidad de Granadero Baigorria emitió un polémico decreto (nº 0717/25) que prohíbe a los corralones vender materiales de construcción a aquellas personas que vivan o decidan edificar en asentamientos irregulares.
La medida establece que el municipio entregará a los comercios una lista “actualizada” de inmuebles fiscales ocupados ilegalmente. A quienes figuren allí, no se les podrá vender “ni un clavo”, según la normativa.
En caso de que algún comerciante incumpla la disposición, se prevén multas y hasta posibles acciones penales.
La iniciativa, impulsada por el intendente Adrián Maglia, generó fuertes críticas y fue calificada como absurda y discriminatoria, ya que resulta casi imposible que los vendedores puedan constatar el domicilio de cada comprador. Además, expone un sesgo clasista al restringir el acceso a materiales a sectores vulnerables que intentan mejorar sus viviendas.
