En las primeras 48 horas posteriores al anuncio presidencial de eliminación de retenciones, las declaraciones de exportaciones alcanzaron los 7.000 millones de dólares. El costo fiscal para el gobierno por esta medida se calcula en torno a los 1.200 millones de dólares, monto que se transformó en renta adicional para las empresas exportadoras que adelantaron sus ventas al exterior y declararon en el sistema ARCA.
La magnitud de la cifra impacta por sí sola. Para tomar dimensión, esos 1.200 millones de dólares son equivalentes a la deuda que arrastró Vicentin, la histórica compañía agroexportadora santafesina que terminó en concurso de acreedores en 2020.
La comparación con Vicentin
El paralelismo con el caso Vicentin no es menor. Aquel año, tras la derrota de Mauricio Macri en las PASO, miles de productores decidieron fijar el precio de sus mercaderías ante la expectativa de que el gobierno entrante de Alberto Fernández endureciera las políticas de intervención de mercados y aumentara las retenciones. Ese movimiento de precios, sumado a un fuerte sobreendeudamiento, precipitó la caída de la firma en concurso, dejando a miles de acreedores afectados y abriendo un debate que incluso incluyó la posibilidad de una expropiación estatal.
Hoy, el Estado argentino, con un simple decreto y en menos de 48 horas, resignó ingresos por un monto que hubiera alcanzado para comprar Vicentin con todas sus deudas, sin quitas ni reestructuraciones.
Un efecto inmediato
La eliminación de retenciones generó un adelantamiento masivo de recursos, que deberán liquidarse en las próximas 48 horas. La magnitud del movimiento muestra cómo las decisiones fiscales impactan de lleno en el flujo de divisas y en la rentabilidad de las empresas exportadoras.
La comparación con el caso Vicentin expone con crudeza el peso que puede tener el Estado con una decisión política en el tablero económico nacional. Una medida tomada en un momento de crisis no solo alteró los números fiscales y los balances empresarios, sino que dejó en evidencia que, con un simple decreto, el Estado argentino movilizó recursos equivalentes a poder comprar una de las principales agroexportadoras del país con la totalidad de su pasivo.
