El reloj empezó a correr. En la mañana del 25 de septiembre de 2025, en Reconquista, el juez Fabián Lorenzini firmó la resolución que abre el capítulo más esperado —y quizás definitivo— del concurso preventivo de Vicentin SAIC: el cramdown. Con su rúbrica, quedó habilitada la instancia en la que terceros interesados podrán competir por quedarse con el control de la empresa que alguna vez fue la mayor agroexportadora de capitales nacionales.
A diferencia de etapas anteriores, Vicentin ya no tendrá margen de maniobra. La concursada agotó su período de exclusividad y quedó al margen de la negociación. El protagonismo ahora es de cinco compañías que acreditaron su capacidad para participar del salvataje: Unión Agrícola de Avellaneda, Bunge, Commodities SA, y la dupla LDC–Molinos Agro. Multinacionales de peso global, firmas nacionales y una cooperativa histórica del norte santafesino se disputan el interés de miles de acreedores.
El fallo llegó acompañado de un dato contundente: un informe de valuación independiente concluyó que las acciones de Vicentin no tienen valor positivo. Dicho en otras palabras, los actuales accionistas perdieron toda chance de recuperar su capital. Cualquier salida solo puede provenir del ingreso de nuevos jugadores.
Los plazos son tan ajustados como decisivos. Desde la notificación, los oferentes pueden cargar propuestas en la plataforma digital del concurso, bajo supervisión de la sindicatura. El 24 de octubre habrá una audiencia informativa y el 31 de octubre, a las 23:59, vencerá el plazo para que los acreedores manifiesten su adhesión. En ese estrecho margen, se definirá si alguna propuesta logra la masa crítica necesaria para evitar la quiebra.
El desenlace tendrá consecuencias que van más allá de una empresa. Lo que ocurra con Vicentin impactará de lleno en el Cordón Industrial, donde se procesan y exportan los subproductos de soja que sostienen la mayor parte de las divisas argentinas. También sentará un precedente en la historia concursal del país, porque nunca antes un cramdown de esta magnitud había llegado a instancia decisoria.
Con los accionistas desplazados, los acreedores convertidos en árbitros y las multinacionales desplegando estrategias, octubre se perfila como un mes bisagra. El juez Lorenzini abrió la puerta. Ahora, el futuro de Vicentin está en manos de quienes logren convencer a la mayoría de los acreedores de que su propuesta no solo es viable, sino también el mejor camino para darle continuidad a la empresa y preservar el valor del polo agroexportador.
