El Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dictó este sábado la conciliación obligatoria en el conflicto que mantenían los gremios marítimos y fluviales con las cámaras empresarias nucleadas en la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA). La resolución fue emitida por la directora nacional Mara Ágata Mentoro, quien ordenó retrotraer la situación a su estado previo al inicio del conflicto y suspender por 15 días hábiles toda medida de fuerza.
La disposición, identificada como DI-2025-2302-APN-DNRYRT#MCH, se conoció pocas horas antes del inicio del paro total de 48 horas anunciado por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.), que iba a comenzar a la medianoche del domingo y que afectaba la operación de remolcadores, buques tanques, portacontenedores y embarcaciones de carga en toda la Hidrovía Paraná-Paraguay.
El texto oficial reconoce que el Ministerio tomó conocimiento formal de las medidas de acción directa resueltas por los sindicatos del sector, entre ellos el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la Asociación de Capitanes y Baqueanos Fluviales.
El documento advierte que el conflicto “impediría la normal operatoria de las empresas” y justifica la intervención del Estado en función de la necesidad de garantizar “una solución pacífica y legal” que preserve la paz social y el interés general. En sus fundamentos, la resolución cita el marco de la Ley 14.786 de conciliación laboral obligatoria, norma que faculta al Ministerio a intervenir en conflictos colectivos cuando se ve comprometido un servicio esencial o de interés público.
La disposición intimó expresamente a los sindicatos “a dejar sin efecto toda medida de acción directa que estuviesen implementando o tuvieran previsto implementar”, obligándolos a prestar servicios de manera normal y habitual. También ordenó a las empresas representadas por la FENA —que incluye a la Cámara Argentina de Empresas Navieras y Armadoras (CAENA) y la Cámara de Armadores de Bandera Argentina (CARBA)— a abstenerse de adoptar represalias contra el personal sindicalizado y a mantener la asignación normal de tareas.
El incumplimiento de la medida acarreará sanciones previstas en la Ley 25.212, que contempla multas y penalidades para organizaciones gremiales y empresariales que vulneren las disposiciones de la autoridad laboral.
La conciliación tiene un plazo de 15 días hábiles durante los cuales las partes deberán continuar las negociaciones en un marco de normalidad laboral. En ese período no podrán realizarse paros ni suspensiones. El Ministerio fijó además una audiencia presencial para el miércoles 8 de octubre a las 12:30, en la sede de Alem 628 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de avanzar en una salida negociada al reclamo salarial que originó el conflicto.
Fuentes gremiales consultadas por SL24 señalaron que la decisión del Ministerio “era esperable” y que los sindicatos acatarán la conciliación, aunque advirtieron que el malestar en las tripulaciones “sigue intacto”. “Vamos a asistir a la audiencia, pero si no hay una propuesta seria, el conflicto se reanudará una vez que venza el plazo legal”, expresaron dirigentes del sector.
Desde las cámaras empresarias, en tanto, valoraron la intervención de la autoridad laboral y destacaron la necesidad de evitar un paro que hubiera paralizado la operatoria portuaria en todo el país. “El impacto económico y logístico de una medida de ese tipo sería enorme, sobre todo en plena temporada alta de exportaciones”, indicó una fuente cercana a la FENA.
La conciliación obligatoria suspende momentáneamente el paro que la Federación Sindical Marítima y Fluvial había decretado por 48 horas, en reclamo de una recomposición salarial que, según los gremios, “refleje la pérdida real del poder adquisitivo en los últimos meses”. Ahora, el desafío será que las partes logren un punto de acuerdo antes de que se cumplan los plazos fijados por la ley y el conflicto vuelva a escalar en el sistema fluvial más importante de Sudamérica.
