Los procedimientos se realizaron en los barrios Néstor Kirchner y San Sebastián, en el marco de la Ley de Microtráfico impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Se secuestraron más de cuatro kilos de cocaína ya fraccionada y hubo cinco detenidos. “Hemos decomisado más cocaína en otros casos, pero no con este nivel de procesamiento y empaquetamiento. Es un golpe significativo para el circuito de distribución en el Cordón Industrial”, se informó.
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y con la supervisión de fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), llevó adelante este jueves el derribo de dos búnkers de venta y acopio de drogas en Puerto General San Martín, departamento San Lorenzo. Los operativos se realizaron en inmuebles ubicados en Calle Pública 10 al 3553 y en Misiones 179, y forman parte del plan de desarticulación de puestos de narcomenudeo previsto en la Ley de Microtráfico, sancionada al inicio de la actual gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que “lo que hoy estamos inactivando, de conformidad con la Ley de Microtráfico, son dos puntos de venta de estupefacientes que surgen de una investigación conjunta entre la Policía de Santa Fe y las fuerzas federales, bajo la dirección del MPA”. Según precisó, “se trata de lugares vinculados a hechos de criminalidad y violencia asociados a bandas que operan en la zona y en Rosario”. Cococcioni subrayó la importancia de “desactivar físicamente el punto de venta, porque en algunos casos ya habían sido intervenidos y la actividad delictiva se reanudaba periódicamente”.
Por su parte, el subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Federico Angelini, destacó que “estos más de ochenta búnkers derribados en un año y diez meses muestran un trabajo constante y coordinado entre Nación, Provincia, el MPA, Prefectura y la PDI. Es una política que va al fondo del problema: entender cómo opera la violencia en torno al microtráfico y actuar en consecuencia”.
El mayor acopio de estupefacientes desde la vigencia de la ley
El fiscal Franco Carbone calificó el operativo como “el punto de acopio de estupefacientes más grande detectado desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico”. En el lugar se secuestraron más de seis mil bochitas, que suman más de cuatro kilos de cocaína ya fraccionada y lista para la venta. “Hemos decomisado más cocaína en otros casos, pero no con este nivel de procesamiento y empaquetamiento.
Es un golpe significativo para el circuito de distribución en el Cordón Industrial”, afirmó.
A su vez, la fiscal Natalia Benvenutto precisó que la investigación comenzó en 2024 a partir de denuncias ciudadanas al 911. “El trabajo conjunto entre Prefectura y la PDI de San Lorenzo permitió detener a cinco personas, cuatro de ellas actualmente se encuentran con prisión preventiva. El 10 de octubre, en el marco de 14 allanamientos, logramos ubicar el domicilio donde se fraccionaba la droga antes de distribuirla a los puntos de venta”, detalló.
81 puntos de venta desactivados
Desde el inicio de la gestión de Pullaro, el Gobierno Provincial inactivó 81 búnkers en todo el territorio santafesino. Estas acciones se enmarcan en la Ley de Microtráfico, que transfirió a la Justicia provincial la competencia sobre los delitos de narcomenudeo, antes reservados al fuero federal.
Los procedimientos son coordinados entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía santafesina y las fuerzas federales, con la colaboración de los municipios. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad, este trabajo articulado busca “reducir los focos de venta y violencia, y recuperar el control territorial del Estado en zonas históricamente afectadas por el narcotráfico”.
Estas acciones se enmarcan en la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura santafesina a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que habilita la inactivación de puntos de venta de drogas y de inmuebles vinculados a la violencia delictiva.
Desde principios de 2024, los dispositivos de demolición e intervención se desarrollan de manera coordinada entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía provincial, las fuerzas federales y los gobiernos locales, con el objetivo de desarticular economías ilegales y recuperar el control estatal sobre los territorios.
