El caso que envuelve a Caren Tepp no solo pone bajo la lupa la transparencia del financiamiento político, sino que también refleja el delicado equilibrio que vive el peronismo santafesino tras la derrota electoral. Su respuesta pública, lejos de cerrar el tema, mostró las grietas internas de una coalición que aún no define cómo procesar la exposición judicial de una de sus principales figuras emergentes.
En su publicación, Tepp intentó desactivar el escándalo apelando al tono de víctima:
“Toda la campaña me atacaron con noticias falsas. Fuimos a la Justicia y nos dieron la razón.”
Pero lo que en apariencia buscaba ser un gesto de defensa terminó por abrir un nuevo frente de interpretaciones políticas. La diputada no negó que la ONG 29 de Abril —denunciada por financiar su campaña con más de 20 millones de pesos en publicidad digital— haya realizado los aportes cuestionados. Solo se limitó a aclarar que los fondos “no provenían de la ayuda a los inundados”, desmarcándose de la acusación original, pero sin explicar cuál fue el origen real del dinero.
La palabra clave: “deslindar responsabilidades”
El término que más resonó en su mensaje fue “deslindar responsabilidades”. No es una expresión habitual en la comunicación política, sino una fórmula jurídica que implica separar responsabilidades dentro de una estructura o equipo. En otras palabras, Tepp no negó los hechos, sino que se distanció de su administración directa.
Toda la campaña me atacaron con noticias falsas. Fuimos a la Justicia y nos dieron la razón. Ahora intentan lo mismo con denuncias falsas contra mi persona por una asociación civil que habría realizado publicidad en redes. Se me acusa de “administración fraudulenta” de fondos que…
— Caren Tepp (@carentepp) October 30, 2025
En el tablero político santafesino, esa frase fue interpretada como una señal hacia dentro del espacio Fuerza Patria: Tepp estaría marcando un límite entre su rol como candidata y la gestión de los recursos de campaña, una gestión que —según los registros oficiales— habría pasado por la asociación civil 29 de Abril.
Para algunos dirigentes peronistas, el descargo fue una admisión implícita de que la ONG efectivamente participó del financiamiento electoral, aunque bajo la lógica de que la candidata “no estaba al tanto de los detalles administrativos”.
La denuncia presentada por Provincias Unidas, el espacio liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro, sostiene que la ONG —creada originalmente para asistir a víctimas de la inundación de 2003— fue utilizada para realizar millonarios gastos de campaña, algo que contradice su estatuto y su objeto social.
El expediente judicial está en etapa preliminar, pero los informes de transparencia publicitaria de Google Ads ya confirmaron que la asociación 29 de Abril realizó contrataciones por más de 20 millones de pesos en anuncios digitales a favor de Tepp y su compañero de fórmula, Oscar “Cachi” Martínez.
En este contexto, el comunicado de Tepp puede leerse como un intento de contención política antes de que avance el proceso judicial, especialmente ante el riesgo de que el caso escale al fuero penal por presunta administración fraudulenta.
