El procedimiento se llevó adelante en un departamento ubicado en San Martín 2563, tras una orden emitida por el Juzgado de Familia del Distrito Judicial N° 12, ante denuncias reiteradas de la escuela, el entorno familiar y el Servicio Local de Niñez. Todos alertaban por el abandono progresivo y la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraban los chicos de 12, 10 y 8 años.
La medida fue catalogada como “excepcional y de urgencia”, amparada en el artículo 58 Bis de la Ley 12.967. Participaron efectivos de la Policía de la Provincia, personal de la Dirección Provincial de Niñez, entre ellos la Dra. María Florencia Biré y el Dr. Carlos Rinaldi, bajo supervisión judicial.
Según informaron fuentes oficiales, el progenitor, viudo y con antecedentes de violencia, se había negado en reiteradas ocasiones a recibir asistencia. Vivía con los niños en un ambiente descripto como “infrahumanamente insalubre”, sin camas ni higiene básica, y se negaba a permitir controles.
La situación se tornó tensa cuando uno de los menores salió del departamento y regresó rápidamente, momento en el que el padre cerró la puerta y se atrincheró dentro del inmueble, impidiendo el ingreso de los equipos. Ante la resistencia, las autoridades solicitaron una orden de allanamiento urgente, que fue ejecutada por el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional XVII.
Cuando lograron ingresar, los agentes encontraron un panorama desolador: suciedad extrema, humedad, alimentos en mal estado y los niños durmiendo en el piso. Según fuentes de Niñez, “el nivel de deterioro y abandono era alarmante”.
Vecinos y operadores sociales confirmaron que los menores solían deambular y pedir dinero en la vía pública, muchas veces acompañados por su padre, quien argumentaba que la mendicidad era su única fuente de ingreso tras haber perdido su empleo y sufrir una lesión en una mano.
Tras el operativo, los tres hermanos fueron trasladados y puestos bajo resguardo del sistema de protección provincial. Actualmente se evalúa su estado de salud y las condiciones psicológicas, además de la continuidad de la intervención judicial.
Desde la Dirección Provincial de Niñez señalaron que la medida fue “drástica pero necesaria”, y que el rescate “puso fin a una situación que llevaba meses de vulneración grave de derechos”.
